Tres años y medio después de los hechos, los cinco síndicos electorales del 1-O se sentarán el miércoles en el banquillo de los acusados. La fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión por desobediencia y usurpación de funciones públicas.
En declaraciones a El Matí de Catalunya Ràdio, el que fue presidente de la sindicatura, Jordi Matas, ha defendido que no han cometido ningún delito y ha añadido que todavía no saben qué y a quién se los acusa de haber usurpado. El vocal Josep Pagés ha añadido que la dilación en el tiempo del caso le da un "contenido político" y demuestra "voluntad persecutoria". Y es que, según Pagés, se trata de una "querella preventiva con voluntad de disuadir".
"Ánimo de revancha"
La vocal Tània Verge ha defendido que tampoco desobedecieron y ha instado la fiscalía a presentar pruebas recordando que la presunción de inocencia está de la parte de los exmiembros de la Sindicatura Electoral del 1-O. En este contexto, ha concluido que es una querella con "ánimo de revancha".
En la misma línea, la que también fue vocal Marta Alsina ve la actuación de la Fiscalía como un "escarmiento" para dar el mensaje que no lo pueden volver a hacer. Alsina considera que ya han cumplido el castigo recordando que se los sancionó y que dimitieron el 21 de septiembre del 2017 a instancias del Govern, antes del referéndum.
En cambio, en su escrito, el ministerio público afirma que los cinco miembros de la Sindicatura Electoral firmaron resoluciones como tales a pesar de saber que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido las leyes aprobadas por el Parlament para crear esta figura.
"Desobediencia y usurpación de funciones públicas"
La fiscalía los acusa de desobediencia y usurpación de funciones públicas, pero no de malversación, y les pide dos años y nueve meses de prisión. En su escrito, el ministerio público afirma que los cinco miembros de la Sindicatura Electoral firmaron resoluciones como tales a pesar de saber que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido las leyes aprobadas por el Parlament para crear esta figura.
El 6 de septiembre del 2017, en un pleno muy accidentado, el Parlament aprobó la ley del referéndum de autodeterminación que incluía el nombramiento de los síndicos electorales, que fueron designados al día siguiente por el mismo plenario, a pesar de la advertencia del TC que eso incumplía sus autos contra el referéndum.
La oposición protestando durante el pleno del 6 de septiembre de 2017 / ACN
El mismo 7 de septiembre la Sindicatura Electoral celebró su sesión constitutiva y designó presidente del órgano a Jordi Matas, Marta Alsina como vicepresidenta y Marc Marsal como secretario. El 8 de septiembre fueron publicados los cargos en el DOGC.
El 7 de septiembre el Gobierno del PP había recurrido los renombres 'leyes de desconexión' del Parlament delante del TC, y el alto tribunal las suspendió, así como todas las resoluciones que se derivaran. El TC acordó la notificación de esta resolución a los síndicos, entre otros, advirtiéndolos de posibles consecuencias penales si seguían adelante con su función, especialmente el nombramiento de los síndicos electorales territoriales, la creación de un registro por el referéndum u otras iniciativas. La resolución del TC se hizo pública a los medios la tarde del mismo 7 de septiembre, pero se publicó en el BOE al día siguiente.
No obstante, la web de la Generalitat www.referendum.cat publicitó el acuerdo de la Sindicatura Electoral que nombraba a los síndicos territoriales del Arán, Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. También se publicó el acuerdo para acreditar organizaciones interesadas en participar en el referéndum y el modelo oficial de papeletas de la votación del 1-O.
Imagen principal: Una urna del referéndum del 1 de octubre de 2017 / Sergi Alcàzar