La situación económica del Ayuntamiento de Tarragona es crítica. Si hace una semana el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès anunciaba un déficit de unos 25 millones de euros, este lunes ha sido el turno del consistorio tarraconense. El alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, ha anunciado que el consistorio está en riesgo de bancarrota por graves problemas de liquidez y ha afirmado que existe un déficit de 14 millones de euros. "Nuestro objetivo es resolver los problemas de la ciudad de Tarragona sin dejar a nadie atrás y cubriendo todos los espacios de la persona, desde el ocio al negocio", ha remarcado el alcalde socialista. El gobierno municipal, que se encuentra en minoría, tiene que negociar con los partidos de la oposición, posibles recortes del gasto y una posible subida de impuestos con el fin de evitar esta bancarrota.
Los motivos expuestos por Viñuales que justifican esta diferencia entre los ingresos y los gastos, y que dejan un agujero de 14 millones de euros, serían el incremento del IPC, el aumento del precio de la energía, los intereses o la inflación. Otro de los factores que explica la grave situación económica del consistorio son las reglas fiscales y las consecuencias que tienen en el presupuesto. Por su parte, los técnicos municipales de Intervención y del Servicio de Control y Estudios Económicos del Ayuntamiento de Tarragona sitúan la disminución de los ingresos del consistorio 2024 en 1.252.029, 53 euros. "Tenemos que encontrar soluciones. Cuando llevamos 100 días de gobierno, aunque son situaciones que hemos heredado, no estamos felices", ha afirmado el alcalde durante la rueda de prensa donde ha expuesto los datos económicos.
Con el fin de hacer frente a la situación, Viñuales se ha reunido con todos los grupos municipales este lunes para comunicarles la realidad económica del Ayuntamiento. "En unos días presentaré una propuesta de ordenanzas fiscales. Somos un Gobierno responsable y no queremos dejar de prestar servicios". Sin embargo, la alcaldesa ha advertido que la situación es muy complicada y eso "puede afectar a servicios básicos que se prestan como los servicios sociales, la limpieza y la jardinería, la policía, los jardines de infancia, los centros cívicos o la escuela de adultos".
De momento, el alcalde no ha querido dar más detalles de qué podrían ser algunas de las acciones previstas, pero ha subrayado que "no quieren recortar servicios públicos", puesto que "si no lo hace el consistorio, no lo hará nadie". Aun así, ha añadido que la situación es "muy complicada" y que se podrían ver afectados servicios básicos como el de la limpieza, la jardinería, la policía, las guarderías, los centros cívicos o la escuela de adultos, entre otros. "Si no actuamos, podemos tener problemas, porque tendremos que recortar en 14 millones de euros servicios públicos", ha afirmado. A pesar de todo, el gobierno municipal ha asegurado que la ciudad sí que cuenta con la capacidad inversora suficiente y que la ciudadanía lo podrá comprobar durante los próximos cuatro años. "El problema es que no tenemos dinero para pagar la factura de la lejos", ha asegurado Viñuales, quien ha explicado que el Ayuntamiento se encuentra en un punto, en que "sí que puede construir una biblioteca, pero después no podría pagar" los gastos que genere.
El caso de Sant Cugat: 25 millones de déficit en 2023
La situación de Tarragona recuerda, inevitablemente, a la que vive el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. El consistorio, ahora dirigido por Josep Maria Vallès (Junts), anunció la semana pasada un déficit de 25 millones de euros el año 2023. Las causas del agujero económico del consistorio del Vallès Occidental son parecidas a las de Tarragona, según explicó el teniente de alcaldía de economía, Carles Brugaroles. El agujero económico de Sant Cugat se debe al ritmo creciente del gasto que fue más intenso que los ingresos, situación que se pronuncia este 2023. En cifras, entre 2020 y 2023 los ingresos corrientes han caído un 0,3% con respecto a los cuatro años anteriores, mientras que los gastos corrientes han aumentado un 15%. El responsable de economía calificó la situación económica como "la peor de la historia" de esta administración. A consecuencia de esta situación, Brugarolas anunció que en los próximos meses se implementarán medidas que pueden afectar directamente a la ciudadanía. También aseguró que, a pesar de las medidas que se tienen que tomar, no se subirá la presión fiscal y se mantendrán las obligaciones, pero habló de "repensar servicios y actividades" y de "tomar decisiones valientes".