Los socialistas europeos han dado apoyo a una propuesta de PP, Ciudadanos y Vox para pedir a la Comisión Europea que estudie "la ampliación de la lista" de delitos que permiten la extradición automática en la Unión Europea, entre ellos, los crímenes "contra el orden público y la integridad constitucional".

En concreto, los socialistas mantienen esta petición en sus enmiendas al borrador del informe que elabora la Eurocámara sobre el sistema de las euroórdenes. Por el contrario, el grupo de los Verdes/ALE, la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) y dos eurodiputados checos del PP europeo han presentado enmiendas para eliminar la recomendación sobre los delitos "contra el orden público y la integridad constitucional".

Los eurodiputados del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos han discutido este lunes las enmiendas presentadas para modificar el informe redactado por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos. Entre los cuatro "ponentes en la sombra" implicados en el informe está la eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundúa y Jorge Buxadé de Vox.

Está previsto que el comité vote a finales de noviembre el texto final y que el pleno de la Eurocámara lo ratifique antes de finales de año. El informe sólo es una evaluación del funcionamiento de las euroórdenes y contiene recomendaciones a la Comisión Europea, pero no implicará poner en marcha ninguna reforma. Este paso está en manos del ejecutivo europeo, que hasta ahora se ha mostrado reticente a poner en marcha cambios legislativos.

PP, Ciudadanos y Vox han aprovechado el informe para avivar el debate sobre la reforma de las euroórdenes en la UE a raíz del caso del president en el exilio, Carles Puigdemont.

Una simple recomendación

Sin embargo, el texto definitivo que resulte una vez finalizado el comité será sólo una recomendación a la Comisión y no un informe legislativo. La Comisión Europea es la única que puede poner en marcha la reforma.

No es la primera vez que la Eurocámara intenta impulsar una reforma de las euroórdenes, pero hasta ahora no ha tenido éxito por la negativa del ejecutivo europeo. La Eurocámara pidió cambios legislativos en el 2014, pero la Comisión Europea consideró que no era necesario porque los problemas identificados se podían resolver mejorando la implementación del sistema establecido.

 

Imagen principal: La presidenta del grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García / Efe