La entidad españolista Sociedad Civil Catalana accedió a datos de 1 millón de jubilados a los que les envió cartas advirtiéndolos de los supuestos peligros que comportaba para sus pensiones una declaración de independencia. Fue en plena campaña de las elecciones al Parlament del 27S, a las cuales los partidos independentistas dieron carácter plebiscitario.

¿Cómo consiguió SCC estos datos? La polémica ha vuelto a emerger en las últimas horas a raíz de las (confusas) informaciones sobre la elevada multa, 440.000 euros, que la Audiencia Nacional habría impuesto a las entidades soberanistas, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium por uso presuntamente inadecuado de datos personales en la llamada Gigaenquesta, realizada en 2014.

La ANC y Òmnium, que impulsaron un cuestionario hecho por voluntarios para conocer la opinión de los ciudadanos, ante la consulta soberanista del 9-N fueron denunciadas por Ciudadanos, VOX y 18 particulares ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En cambio, no hubo denuncias ni de Ciudadanos ni de Vox ni de ningún particular cuando, en la recta final de la campaña de las elecciones del 27S, Sociedad Civil Catalana envió cartas a 1 millón de hogares catalanes donde residen personas jubiladas para advertirles que, en caso de independencia, los pensionistas cobrarían un 17% menos de sus prestaciones. Se desconoce cómo pudo acceder SCC a las direcciones de los destinatarios.

En la misiva, enviada por la entidad españolista a barrios de todo Catalunya con un alto porcentaje de jubilados residentes, se pone de ejemplo una pensión de 1.000 euros, que, siempre según SCC, se vería reducida a 830 euros mensuales si Catalunya llegara a ser un Estado independiente. La campaña vino precedida por la presentación de un amplio estudio sobre cómo afectaría una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) al sistema de seguridad social en Catalunya.

Se da el caso que después de las declaraciones del exjuez y ya exsenador de ERC Santi Vidal en las cuales aseguraba que el Govern de la Generalitat tenía datos fiscales de todos los ciudadanos, SCC ha asegurado que el Ejecutivo catalán está preparando "un golpe de estado" y ha pedido que se inicie una investigación judicial. También VOX se ha querellado contra el Govern para, supuestamente, obtener datos de manera ilegal.