Societat Civil Catalana y la asociación Advocats Catalans per la Constitució presentaron el pasado miércoles una denuncia ante el Tribunal de Cuentas al expresident Artur Mas, y a los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para que devuelvan a la Generalitat todos los gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014, que las entidades cifran en más de 5 millones de euros.
Según SCC y Advocats Catalans per la Constitució, "el archivamiento de la causa penal contra ellos por el delito de malversación de caudales públicos no los exime de qué tengan que responder por su responsabilidad contable y presupuestaria" porque, según estas entidades, dispusieron "de fondos públicos para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana que no disponía de cobertura constitucional, legal y presupuestaria".
Facilitaron la consulta ilegal
Sociedad Civil Catalana y la asociación Advocats Catalans per la Constitució aseguran que Mas, Ortega, Rigau y Homs "ordenaron, dirigieron y facilitaron la logística y medios materiales para la consulta ilegal disponiendo indebidamente de fondo públicos para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas".
A la denuncia presentada por estas dos entidades, no se descarta que pueda extenderse la responsabilidad contable a los altos funcionarios que se acredite que colaboraron en la tramitación de los expedientes administrativos generadores del gasto de la consulta ilegal. Según SCC y Advocats Catalans per la Constitució, con esta denuncia "se sentará un precedente que evite la repetición de la posible malversación de fondos públicos en un nuevo referéndum ilegal".