La persecución a los gobiernos catalanes no se detiene. El Tribunal de Cuentas ha comunicado hoy que ha admitido la demanda de Sociedad Civil Catalana contra los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y nueve consellers por haber organizado el 1-O y el gasto en la acción exterior de Catalunya del 2011 al 2017. Ahora, la sala segunda del departamento de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas da un plazo de once días a la fiscalía para que diga si se adhiere a esta demanda o presenta una de nueva. Y es que será fundamental el posicionamiento de la fiscalía, ya que inicialmente la investigación iba dirigida contra 34 excargos de gobiernos catalanes, y la entidad españolista ha retirado la acusación contra los cargos intermedios, funcionarios y también al exconseller de Economía Andreu Mas Colell. La causa del 1-O, con una fianza ya depositada de 4,2 millones de euros, y la de Exteriores, con 5,4 millones de euros, se juzgará de forma conjunta.
En concreto, la demanda de Sociedad Civil Catalana va dirigida contra: los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el entonces vicepresidente Oriol Junqueras, las conselleres Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Neus Munté, y los consellers Toni Comín, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluis Puig i Francesc Homs. Los once también recibirán ahora la demanda. La Generalitat de Catalunya siempre ha expresado que no se ha sentido perjudicada por estos gastos, y la Abogacía del Estado se retiró del procedimiento, obligada por la ley, ya que no hay dinero procedente del Gobierno.
Avales
El febrero pasado, la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas aceptó que la Generalitat aportara a través del Instituto Català de Finances (ICF) los 5,4 millones de euros que el tribunal exige a 34 excargos por la acción exterior del Govern del 2011 en el 2017. El tribunal, con dos votos a favor y uno en contra, rectifica la decisión de la delegada instructora, que no permitió este aval e hizo depositar el dinero a los cargos públicos y funcionarios. ERC aportó 2,1 millones por cubrir los investigados del Govern del 2016 y el 2017 (incluido el presidente Puigdemont), mientras que los 3,2 millones restantes se aportaron con inmuebles, como el del expresidente Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs y Andreu Mas-Colell. En un comunicado, el Tribunal de Cuentas indicaba que la consellera del departamento primero de enjuiciamiento será la encargada de redactar la resolución, de la cual aún no se ha difundido. De esta manera, el Tribunal de Cuentas cambia de opinión a raíz de los recursos presentados por el gobierno, a través del Departamento de Economía, que dirige Jaume Giró, y de los afectados.
Ahora hay que esperar el posicionamiento de la fiscalía y sobre las personas que quiere llevar a juicio como responsables contables del gasto por haber organizado el Referéndum y la promoción de la voluntad de Catalunya de querer ser un país independiente. Paralelamente, hay dos causas penales abiertas por el 1-O y la acción exterior, que se suman a la condena del Tribunal Supremo a los líderes políticos y sociales, indultados el verano pasado.