Ya vuelven. Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado una demanda en el Tribunal de Cuentas contra once ex altos cargos del Govern por una supuesta "malversación de fondos públicos" en la preparación del 1-O y la acción exterior de la Generalitat. La entidad españolista reclama más de 5,3 millones de euros a toda una serie de líderes independentistas como Carles Puigdemont, Artur Mas o Oriol Junqueras, al cual atribuyen el uso de locales públicos "para la consulta ilegal", gastos de difusión e infraestructuras digitales para la promoción del referéndum, encargo de papeletas, pago de viajes a observadores y contratos a "lobbies por la promoción de la causa independentista". Exactamente, calculan que se destinaron 5.309.807,02 millones de euros a estas causas.
Así pues, piden 3,3 millones de euros al president Puigdemont; 2,5 millones al vicepresident Junqueras; y 1,8 millones al president Mas. Además, han incluido a la causa a los consellers Raül Romeva (600.000 euros), Dolors Bassa (1,3 millones), a Francesc Homs.(1,9 millones), Toni Comín (1,1 millones), Clara Ponsatí (900.000 euros), Jordi Turull (505.000 euros), Neus Munté (338.000 euros) y Lluís Puig (238.000 euros). La demanda la firma Juan Chapapría, socio del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que ha explicado que parte de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés que trasladaba al Tribunal de Cuentas la cuantificación de las "malversaciones" para el 1-O. De esta manera, SCC es "la única acusación en el Tribunal de Cuentas contra los líderes del procés".
Inicio de la demanda presentada por SCC en el Tribunal de Cuentas contra once líderes independentistas / SCC
La vicepresidenta de la entidad españolista, Elda Mata, ha indicado que han presentado la demanda "arriesgando incluso el patrimonio personal" de los miembros de la junta de la asociación. De hecho, algunos medios aseguran que SCC se juega "todo su patrimonio": podría asumir unos gastos superiores de 300.000 euros (equivalentes a su presupuesto anual), después de la retirada de la abogacía del Estado. Por mor de este elevado coste, ya han empezado a pedir por las redes sociales. Mata ha apelado a la colaboración económica de los ciudadanos y ha adelantado que desde este mismo jueves se ha puesto en marcha un sistema de recaudación de fondos mediante internet. Es decir, que han abierto una campaña de crowdfunding para ayudar a sufragar los gastos de este procedimiento.
Chapapría ha señalado que la demanda de 120 páginas incluye una "importantísima cantidad de documentación", que recoge las partidas sobre las cuales hay fundamentación jurídica para que se estime la demanda. También ha asegurado que se ha llevado a cabo "un largo y riguroso trabajo de análisis de todas las partidas, que ha durado meses" y que finalmente se ha optado por acusar a los responsables públicos y últimos de las decisiones que se han podido documentar y catalogar claramente en más de 34 GB de información. "Se hace con respeto a los consejeros del Tribunal de Cuentas y siguiendo el acta de fiscalización de la misma instructora en la cual nos fundamentamos para poner cantidad, nombre y apellidos", ha indicado.
Confianza en la fiscalía
Ahora, confían en el hecho de que la fiscalía, con más medios, pueda delimitar también el grado de responsabilidad de los actores intermedios y funcionarios, y en cualquier caso que actúe también en los próximos días para que el dinero supuestamente "malversado" se devuelva y se destinen a finalidades legales y al bien común. "Confiamos en que la fiscalía haga el trabajo de hacer un estudio porque puede haber más partidas y responsables que puedan estar procesados", ha dicho el abogado. Por su parte, la vicepresidenta de SCC ha pedido que la fiscalía actúe "con la máxima profesionalidad y rigor jurídico".
Mata ha afirmado ante el Tribunal de Cuentas que la entidad españolista actúa cumpliendo su "deber cívico" para "defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes". "Durante años el Govern ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las cuales no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial", ha añadido. Ha remarcado que en una democracia moderna no corresponde solo a los poderes públicos velar por el buen uso de los fondos públicos, sino que "la ciudadanía tiene que ejercer una tarea de fiscalización activa del dinero que pagamos con nuestros impuestos".