La entidad unionista Societat Civil Catalana destituyó ayer de forma fulminante a su presidente, José Rosiñol, y a tres miembros de su dirección, Ferran Brunet, Míriam Tey y Sixto Cadenas, por presuntas irregularidades económicas, según ha avanzado Crónica Global.

La medida fue aprobada por la junta directiva, que nombró a Àlex Ramos como nuevo presidente.

Con todo, y siempre según el citado medio, Rosiñol ha convocado por su cuenta y amparándose en los estatutos de la entidad una asamblea general para el 17 de enero del año próximo con un orden del día que incluye la “ratificación de los cargos de la junta y el presidente”, lo que da a entender que el equipo de Rosiñol no acepta la decisión de la junta y promueve, por tanto, abrir un cisma en el seno de la entidad.

Contratos no supervisados

Las irregularidades económicas de las que se acusa al equipo fulminado aparecen en una serie de contratos a suministradores que no habrían pasado por el control de la junta directiva, lo que habría llevado a detectar un conflicto de intereses entre los contratos suscritos por Rosiñol con la empresa Manifiesto, en la cual está empleado el propio expresidente.

El citado medio especifica que los contratos con Manifiesto representaron el 51% del total de gastos de SCC en 2017 y el 60% de 2018, a lo que se debe añadir una transferencia de 21.000 euros al mes a la misma empresa sin informar de su razón ni propósito a la junta directiva.

Nueve a cinco

En estos momentos, el nuevo presidente aglutina una mayoría de nueve miembros en la junta, enfrentada a los cinco de la parte de Rosiñol, lo cual vaticina tensión en la asamblea del 17 de enero.

Entidad contraria a la independencia

La entidad nació en el año 2014 con la intención de aglutinar el españolismo y como reverso de la Assemblea Nacional Catalana. Algunos de sus fundadores provenían de la extrema derecha. Hasta el día de hoy se ha significado por sus ataques sistemáticos al independentismo.

Ayer mismo, SCC, junto a Abogados Catalanes por la Constitución, presentó un escrito en el Tribunal de Cuentas donde denuncian al president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras y los 12 consellers de su gobierno por la organización del referéndum del 1-O al señalarlos como responsables de un gasto de casi dos millones de euros (que según afirman podrían llegar a ser 80 millones) del erario público para hacer efectivo el referéndum.