Societat Civil Catalana y la Asociación Catalunya por España han enviado una carta a todas las comunidades educativas de las escuelas de Catalunya para reclamar que a partir de este curso escolar 2021-2022 sea aplicada la normativa constitucional "que anula la exclusión del español de los centros educativos".

Las entidades unionistas han recomendado que las direcciones, consejos escolares y federaciones de asociaciones de familias "den instrucciones" al resto de la comunidad para que hagan efectiva la doctrina fijada por el Tribunal Supremo. En este sentido, han recordado que las últimas sentencias obligan a la Generalitat a la aplicación automática de un mínimo del 25% de materias no lingüísticas en castellano sin que los padres o tutores tengan que solicitarlo.

"Todas las sentencias han sido favorables a la utilización del bilingüismo vehicular que, por otra parte, siempre tendría que haber existido, ya que no podemos obligar al alumnado hispanohablante a utilizar, desde la etapa infantil, únicamente el catalán, de la misma manera que no se puede obligar a un alumno catalanohablante a utilizar exclusivamente y de forma obligada el castellano o español", han destacado en la misiva.

Societat Civil Catalana y la Asociación Catalunya por España han apuntado que, según avalan "todos los estudios sociológicos", "la inmensa mayoría de catalanes apuestan por un sistema educativo bilingüe o trilingüe, que se corresponde con nuestra realidad social, con las buenas praxis de convivencia lingüística, con el sentido común y con las necesidades del mundo laboral".

La carta, redactada en castellano y catalán, se complementa con un anexo histórico de las sentencias sobre el uso obligatorio del castellano en las aulas. "Hemos llegado a una situación límite y contraria al sentido común, que afecta a la educación de las futuras generaciones. Se están priorizado posicionamientos ideológicos, muchos golpes sectarios y restrictivos, en lugar de la formación en libertad que tienen derecho y merecen nuestros niños y jóvenes", han subrayado.

La sentencia del TSJC

Las entidades, pues, han hecho referencia a la sentencia emitida por el TSJC el pasado mes de diciembre, por la cual se impone que un mínimo del 25% de la enseñanza tiene que ser en castellano en Catalunya. También remarcaba que el uso actual era "residual.

El Govern, contrario a esta decisión, sabe que no se verá forzado por la Moncloa a aplicar esta sentencia. Al menos así lo confirmó el Ministerio de Educación ahora hace un mes en una carta de respuesta a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presidida por la eurodiputada popular Dolors Montserrat, a la cual tuvo acceso la ACN y en la cual se aseguraba que regular qué porcentaje de clases se hacen en cada idioma corresponde a la Generalitat.

 

Imagen principal: imagen de recurso de una clase / Foto: ACN