Societat Civil Catalana (SCC) quiere impedir un revés en Europa. La entidad ha pedido al Gobierno y a la diplomacia española que intervengan para frenar el informe del Consejo de Europa que pide dejar a los presos políticos en libertad, ya sea por la vía de los indultos u otros mecanismos, y que se retiren las euroórdenes. Desde el punto de vista de SCC, se trata de una "resolución injusta, lesiva e inaceptable".

En un comunicado recogido por Europa Press, la entidad expresa que, en caso de que se apruebe, sería "perjudicial para el futuro de Europa" y supondría "un golpe claro en los cimientos del edificio europeo". La misma SCC se ha encargado de difundir un informe alternativo elaborado por el catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Arenas, que indica que "el texto del Consejo de Europa hace una presentación sesgada, parcial e interesada de los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017 en Catalunya".

Un informe que supone un revés para el Estado español

El documento, elaborado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pide a las autoridades españolas, a grandes rasgos, que liberen a los presos políticos y que se suspendan los procedimientos de extradición contra los políticos que se encuentran en el exilio.

El informe explicita que "la simple expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal". En este sentido, el Consejo de Europa emplaza al Estado español a reformar los delitos de sedición y de rebelión y que estos cambios legales no puedan ser utilizados en futuras ocasiones para condenar la organización de un referéndum ilegal.

En paralelo, el texto advierte que "no se puede pedir a los políticos catalanes que repudien sus opiniones políticas" para poder ser indultado o conseguir "un régimen carcelario favorable".

Delante de este documento, Societat Civil Catalana cree que se hace una crítica "gratuita" a la actuación de los tribunales españoles porque "no aporta evidencias en relación a los errores que pudiera haber a sus conclusiones" e, incluso, considera que a este texto del Consejo de Europa le falta "rigor jurídico".

Por último, la organización españolista va más allá y asevera que, "si se aprueba este informe, supondría un retroceso significativo en los valores que ha defendido el Consejo de Europa en sus más de 70 años de existencia". Por eso, SCC quiere jugar su última carta presionando al Gobierno y su cuerpo diplomático a fin de que impidan que el documento se apruebe.

La reacción de los políticos catalanes

Carles Puigdemont, el president de la Generalitat en el exilio, calificó el informe del Consejo de Europa de "demoledor" y manifestaba que "las instituciones de la Unión Europea harían bien en preocuparse por el comportamiento de uno de sus miembros, cada vez más cuestionable."

Por su parte, la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró (Junts), aplaudía el documento del organismo europeo y aseguraba que "Europa sabe que votar no es un delito". Finalmente, hay que recordar que este informe del Consejo de Europa se votará este mes de junio a su Asamblea Parlamentaria.

 

Imagen principal: El presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, en una atención a los medios de comunicación hace unos meses. Europa Press.