Con la vivienda convirtiéndose en el principal problema de los catalanes según revelan los datos del CEO, el decreto de vivienda presentado por el Govern y que este miércoles se votará en el pleno del Parlament toma especial relevancia. Y a 24 horas del pleno, el Ejecutivo de Salvador Illa no tiene todavía los apoyos garantizados para que su medida salga adelante, ya que los votos de sus socios de investidura (ERC y los comunes), son imprescindibles a la espera de que pueda sumar otros como los de la CUP. Por un lado, la portavoz parlamentaria de ERC, Ester Capella, ha explicado que su grupo está cerrando los últimos felcos de la negociación con los socialistas y que, por lo tanto, son positivos de cara a la posibilidad de cerrar un acuerdo para la regulación del alquiler de temporada después de "progresar adecuadamente". En este sentido, Capella ha recordado que la exigencia de ERC (que llevó el decreto ante el Consell de Garantíies Estatutaries) es que este decreto se tramite como proyecto de ley para darle apoyo. También desde Junts, Mònica Sales, lo ha reclamado, auqnue sin hacer público cuál sería su voto. Hay que recordar que Junts presentó su propia proposición de ley de vivienda, a la cual ERC ha presentado una enmienda a la totalidad, y que también se debate este miércoles.
Con los 20 diputados de ERC, el Govern en minoría de Salvador Illa no tendría tampoco suficiente para sacar adelante el decreto si se tramitara como proyecto de ley, ya que también necesitaría el "sí" de los comunes, cosa que a estas alturas, parece mucho más complicada. Su portavoz, David Cid, ha explicado en rueda de prensa en el Parlament que su voto en este momento es "no". Y lo seguirá siendo siempre no haya un acuerdo sobre las enmiendas, poniendo el foco en las que buscan regular el alquiler de temporada y habitaciones, y un calendario pactado. "Estamos en tiempo de descuento", ha manifestado el portavoz de los comunes, partido que hace solo unas semanas pactó el régimen sancionador de la vivienda con la consellera Sílvia Paneque. Por todo ello, Cid ha asegurado que uno "no" en este decreto no sería un "punto y final" a su relación con el Ejecutivo de Salvador Illa, pero sí que sería más compleja.
La CUP, más optimista
Por su parte, la CUP ha entrado a negociar con el Govern del PSC este decreto y la diputada, Laure Vega, se ha mostrado "prudente pero optimista" para llegar a un acuerdo al respecto, después de reunirse con a la consellera Paneque. Vega ha celebrado la "buena predisposición" del Ejecutivo de Illa a la hora de recibir sus propuestas, que implican regular el alquiler de temporada y limitarlo al uso recreativo o que el cuerpo de inspectores sea suficiente para hacer efectiva la regulación. Este cambio, según los cuparies, no significa que hayan pasado a ser ninguna muleta del Govern, cosa que siempre han criticado en ERC y comunes, sino que se definen como "palanca de cambio".