El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals y Transparencia, Bernat Solé, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en que reclama eliminar el voto rogado e introducir el voto electrónico debido a la baja participación del electorado residente en el extranjero.
Solé le ha hecho llegar una batería de propuestas, entre las cuales está la digitalización del voto exterior, con descarga de documentación en línea, y también un sobre único de propaganda electoral.
Una muestra de los efectos negativos del actual sistema de voto, según Solé, es la caída en el porcentaje de registros al CERA (el censo electoral de residentes en el extranjero) que ha pasado del 31,74% en el 2008 a un 5,75% en el 2019, coincidiendo con la aprobación de la reforma LOREG de 2011 y la introducción de la necesidad de rogar el voto.
"Ahorro de tiempo y recursos económicos"
Solé también propone diferentes medidas, como la regulación de la papeleta en blanco, para que los votantes en el exterior puedan escribir directamente su opción de voto sin tener que esperar a recibir las papeletas impresas de cada formación política, y la posibilidad de descargar la documentación por Internet.
Ambas medidas supondrían un ahorro de tiempo y recursos económicos. Según Solé, la introducción del voto electrónico también "eliminaría las incidencias por los envíos a través del correo postal".
Asimismo, el conseller expresa su preocupación ante las diferentes incidencias relacionadas con los actuales plazos de gestión de la documentación electoral, así como la obligatoriedad de hacer los trámites de manera presencial a los consulados y la falta de recursos de algunas de las delegaciones consulares.
La carta también hace referencia a los costes de envío de la propaganda electoral a los votantes, tanto a los que están en el territorio como los que están fuera. Solé se suma a la demanda hecha por otras instituciones como el Parlamento y el Síndic, así como otros territorios del Estado, que plantean hacer llegar a los votantes la propaganda electoral a través de un envío único, en vez de hacer uno por cada partido político.
Teniendo en cuenta que son costes que se asumen a través de subvenciones a los partidos políticos o a Correos, la medida implicaría una considerable reducción de gasto público a la vez que reduciría el impacto ambiental.