Solidaritat Catalana per la Independència (SI) ha vuelto a registrar este martes la Iniciativa legislativa Popular (ILP) para que el Parlament declare la independencia de Catalunya. La ley es exactamente la misma que ya presentaron el febrero de este año, y que el Tribunal Constitucional (TC) tumbó este noviembre. La entidad también ha anunciado que está elaborando un corpus jurídico para que el conjunto de los Països Catalans pueda ejercer el derecho a la autodeterminación.
El partido, que contribuyó a las elecciones al Parlament de Catalunya del pasado mayo, asegura que la vuelven a presentar porque en estos momentos "lo que diga un tribunal español es absolutamente irrelevante". Dicen que han adoptado una decisión "muy sencilla" y que no pretende ser una "jugada maestra" sino dejar un mensaje claro que "si un tribunal español nos para una iniciativa, nosotros la volveremos a presentar democráticamente en el Parlament de Catalunya", explica su secretario general, David Folch. Folch ha añadido que la organización está trabajando también a construir un corpus jurídico para que "cada uno de los Países Catalanes pueda ejercer su autodeterminación".
El líder de Solidaridad Catalana ha recordado que en paralelo en la ILP presentada al Parlament de Catalunya, este pasado de octubre la entidad ha presentado una ILP de la declaración de independencia del País Valencià en las Corts Valencianas. También se ha hecho una petición en el Parlament Europeo para aceptar el Tratado de Reunificación del Principado de Catalunya, donde se establecen "los mecanismos para la reunificación de la Catalunya Nord en el conjunto del principado". Folch ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a dar apoyo a estas iniciativas desde su portal web.
Una ILP de largo recorrido
La Mesa del Parlament admitió en febrero una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía declarar la independencia de Catalunya. La proposición de ley de Solidaritat Catalana per la Independència fue validada por los miembros de la Mesa de Junts y la CUP que votaron a favor, el PSC en contra y ERC se abstuvo.
La Mesa presidida por Anna Erra (Junts) aceptó la ILP, y esta quedó sobre la mesa del nuevo presidente, Josep Rull, escogido después de las últimas elecciones. No obstante, el TC ya la suspendió de forma cautelar en abril. El tribunal confirmó entonces en noviembre que la admisión de la ILP era "nula e inconstitucional" para ser contraria al ordenamiento constitucional. Según del TC, el acuerdo de la Mesa tenía "naturaleza jurídica" y era "manifestación de la voluntad institucional de la comunidad autónoma", a la vez que no se presentaba "como un acto de trámite al procedimiento" y tenía "capacidad para producir efectos jurídicos". Con estos argumentos tumbó el alegato del letrado del Parlament, que consideraba que el acuerdo de la Mesa no se podía impugnar en el TC para ser una simple admisión a trámite.