Las más de 60 entidades que forman parte de la plataforma Somescola exigen un diálogo honesto con el Govern y los partidos del Parlament para abordar la reforma de la Ley de Política Lingüística, después de que PSC, ERC, Junts y Comuns presentaran una propuesta que reconoce por primera vez el castellano como lengua de uso en las aulas y que huye de los porcentajes. Después de este anuncio, el rechazo social se manifestó y los partidos decidieron retrasar la modificación para abrir un diálogo que las entidades creen que de momento no se está dando. Entre estas entidades está Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, el Institut de Estudis Catalans y USTEC, entre muchos otros.
En un comunicado conjunto han exigido que cualquier proposición legislativa que afecte a la escuela en catalán cuente con un "consenso amplio tanto en el ámbito político como en el social", y reclaman "que se abra un espacio de diálogo honesto con Somescola y que el acuerdo de los partidos se amplíe en el ámbito social incorporando las enmiendas y compromisos paralelos adecuados que permitan alcanzar un acuerdo de máximo consenso". Es por eso que ofrecen el espacio que supone Somescola como espacio de diálogo y negociación, y aseguran que ante el hecho de que el contenido de la propuesta anunciada por los partidos genera grandes preocupaciones e incertidumbres, hace falta que exista el necesario debate social.
Ahora bien, esta negociación apuntan que tiene que ser desde la base que cualquier propuesta tiene que ofrecer "garantías claras" para blindar el catalán como lengua vehicular y vertebradora del sistema educativo. Asimismo sostienen que el catalán, como lengua propia de Catalunya, es y tiene que seguir siendo la lengua vehicular, de acogida y de aprendizaje en todos los niveles y en todas las modalidades del sistema educativo. Dado que la modificación presentada por PSC, ERC, Junts y Comuns pasa la responsabilidad y decisión de impartir tanto el catalán como el castellano a cada centro educativo, las entidades de Somescola consideran que el Departament d'Educació tiene que dar instrucciones claras y comunas y apoyo a todos los centros educativos en la elaboración de los proyectos lingüísticos, con el objetivo de garantizar a todo el alumnado de Catalunya el acceso al aprendizaje y el uso del catalán.
Cambray: protección jurídica
Las entidades adscritas a Somescola también muestran indignación y rechazo por la intromisión de los tribunales en el sistema educativo y en la política lingüística del país, en el marco de la imposición del 25% de las clases en castellano, y ante este ataque reclaman que la Conselleria de Josep Gonzàlez-Cambray ofrezca a los equipos directivos y docentes seguridad y protección jurídica para reforzar la escuela en catalán y los proyectos lingüísticos enfrente de las intromisiones judiciales y las instrumentalizaciones políticas: "La plataforma Somescola insta los partidos y las entidades en reforzar el trabajo conjunto para proteger, consolidar y mejorar el modelo de escuela catalana, a actuar con agenda propia y a reforzar este consenso de pais aprovechando el marco del Pacte Nacional per la Llengua".
Todo llega después de que a finales de febrero cuatro partidos del Parlament, que son más de 100 diputados, presentaran un acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística, estableciendo que el catalán es la lengua vehicular pero reconociendo por primera vez el castellano como lengua de uso, dos lenguas que cada centro tiene que decidir su aplicación. Tanto el PSC, como ERC y Comuns se han mantenido firmes en la defensa de este acuerdo, mientras que Junts ha presionado para abrir un espacio de consenso con las entidades del sector. Esta modificación se tenía que aprobar esta semana en el pleno del Parlament pero finalmente los partidos acordaron llevarlo al pleno de finales de abril para tener más margen de maniobra para posibles enmiendas.