El acuerdo del Parlament con los funcionarios de la cámara catalana para mantener el premio de jubilación – que casi supone una anualidad entera– hasta el 2050, choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia, según han informado fuentes jurídicas a ElNacional.cat. El Supremo, en una sentencia de marzo de 2022, reitera y afianza su jurisprudencia que los premios o primas por jubilaciones son ilegales porque "no son para cubrir una contingencia o infortunio sobrevenido, sino por la extinción del trabajo para llegar a la edad de jubilación". El alto tribunal añade que para que estas gratificaciones sean legales es necesario que lo recoja una ley de alcance general, relativa a la remuneración de los funcionarios de ámbito estatal. De acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, numerosos ayuntamientos, entes locales y universidades han revocado estos premios por jubilación, aunque estaban acordados con sus trabajadores, como por ejemplo policias locales.
Y cuando los trabajadores de los entes locales lo han reclamado a los juzgados, la mayoría de magistrados y tribunales, al final, han dado la razón a las administraciones, al aclararse la jurisprudencia del Supremo: no tienen cobertura legal y los acuerdos son inválidos. La Comisión Jurídica Asesora, organismo consultivo de la Generalitat, incluso ha asesorado ayuntamientos catalanes en este sentido.
Norma con rango de ley
Por contra, desde la Mesa del Parlament han asegurado que, en el caso delos funcionarios de la cámara, los tribunales darían la razón a los funcionarios de la cámara catalana. Sin embargo, la Oficina de Antifraude de Catalunya ya requirió al Parlament que corrigiera ciertas "irregularidades" en cuanto a la contratación de personal y las primas por jubilación era una de ellas. Fuentes del Parlament han aclarado a ElNacioonal.cat que el acuerdo incluye la reforma de los Estatutos del Régimen y el Gobierno Inters (ERGI) del Parlament, que "tienen rango de ley", para dar "cobertura legal" a los premios de las jubilaciones, y que, por lo tanto, cumplirían la exigencia del Supremo a la administración local.
La jurisprudencia del Supremo
En la resolución, el Tribunal Supremo manifiesta que "la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública, aunque prevé medidas de incentivación de la jubilación anticipada, no hizo una regulación precisa para el supuesto de que estas medidas tuvieran carácter retributivo, por eso, no satisface la exigencia que las gratificaciones por jubilación anticipada tengan cobertura en una norma legal de alcance general".
El acuerdo de mantener las primas de jubilación beneficiará a más de 200 trabajadores del Parlament, según el acuerdo difundido por la mesa de negociación, y que se tiene que aprobar este jueves. En este sentido, se insta en la Mesa del Parlament, que preside Josep Rull, a que impulse "la modificación" de los Estatutos del Régimen y el Gobierno Inters (ERGI) del Parlament - normativa que regula el funcionamiento de la cámara- "para dar cobertura legal y para una mayor seguridad jurídica al subsidio de jubilación". Actualmente, se detalla que un 25% de los trabajadores del Parlament tiene 60 años o más, y se precisa que este premio ya no se aplicará a los nuevos contratos, desde el 7 de noviembre.
El acuerdo con los trabajadores
En concreto, el acuerdo de la Mesa del Parlament con el consejo de Personal es mantener la prima de jubilación hasta el año 2050 con unos topes. Esta prima consiste en que los funcionarios que se jubilan a la edad reglamentaria reciben una prima equivalente a un determinado número de mensualidades de salario bruto que se calcula en función de los años de servicio efectivamente prestados. Por ejemplo, los que se jubilen hasta finales de este año cobrarán 89.667 euros como máximo, y la cifra se irá reduciendo progresivamente hasta el 2050.
Se precisa que el nuevo acuerdo beneficiará un máximo de 233 trabajadores del Parlament durante los próximos 25 años y comportará un ahorro de 8,1 millones de euros de recursos económicos. Si se mantuviera el acuerdo del 2021, el coste total hubiera sido de 17 millones de euros, aseguran. Concretamente, la prima de jubilación sin el acuerdo habría sido de 80.000 euros por término medio por trabajador, mientras que el actual ronda los 40.000 euros por término medio, según detalla la mesa de negociación.
Antifraude ya alertó de irregularidades
Por su parte, la Oficina Antifraude de Catalunya ya alertó al Parlament que corrigiera una decena de casos "irregulares" sobre la contratación de personal, como las licencias de edad (cobrar sin ir a trabajar a partir de los 60 años), al final suprimidas.
En referencia a los premios por jubilación, Antifraude señalaba que "ninguna de las versiones analizadas de los ERGI regulan la prima o subsidio de jubilación ni la prima de vinculación". Asimismo, manifiesta que estas gratificaciones tampoco están previstas ni en el Estatuto básico del empleado público, ni con otra norma con fuerza de ley, y pedía al Parlament que lo arreglara.
El Parlament precisa que Antifraude les pedía que modificaran los ERGI, como ahora harán, para incluir los premios de las jubilaciones, además de reactivar otras medidas, como por ejemplo el plan de pensiones. E, insisten que el "Parlament tiene autonomía reglamentaria propia".