Ni móviles ni ordenadores pueden entrar en Soto del Real. Lo saben todos los visitantes habituales. La prisión es una especie de burbuja que atrapa a los internos en el tiempo y en el espacio, los arranca de su vida cotidiana y los aísla. En eso consiste la pena. Móviles y ordenadores están prohibidos. Incluso a las visitas.

Los habituales de Soto del Real lo saben. Una vez acceden dentro del perímetro de este centro construido en medio de un paisaje inhóspito a 48 kilómetros de Madrid saben que no podrán pasar la puerta del edificio con estos dispositivos. Antes de entrar en las instalaciones y atravesar los minuciosos controles se tienen que desprender de los aparatos. Justo a la entrada, al lado de la puerta de cristal y a la intemperie, hay unos casilleros numerados para guardarlos junto con todo aquello que el visitante lleva encima. En Estremera, estos casilleros funcionan con monedas, el usuario escoge el que quiere, deposita la moneda y cierra. En Soto del Real se guarda en el armario que asigna una funcionaria que es quien se encarga de proporcionar la llave.

Cuando el viernes, 29 de diciembre, en plenas vacaciones de Navidad, Jordi Pina y su esposa, también abogada, fueron a Soto del Real llevaban los móviles en el bolsillo. Los abogados se disponían a visitar al expresidente de la Assemblea Nacional, Jordi Sànchez, con quien no sólo mantienen vínculos profesionales sino también personales. Habitualmente Pina evita presentarse en el centro con su teléfono, pero aquel viernes los llevaban y tuvieron que pedir una llave. La funcionaria les dio la del casillero número 18.

En el momento de dejar el móvil no había nadie en la puerta de Soto del Real. Estaban solos. Depositaron los teléfonos en el casillero, cerraron con la llave y accedieron al edificio donde pudieron hacer la visita sin más problema. Lo que ya no fue tan normal fue la salida. Al abandonar el edificio y dirigirse al armario para recuperar los móviles, el casillero había sido reventado y los teléfonos habían desaparecido. Había más casilleros ocupados y cerrados, pero el único que fue forzado fue el número 18.

Los robos a los visitantes de los centros penitenciarios no son habituales, ya sea por solidaridad hacia aquellos que arrastran la pena de tener alguien encerrado en la prisión o por una sencilla lógica que no invita a delinquir en un centro fuertemente custodiado por los cuerpos policiales del Estado. Por lo tanto, ninguna cámara ni dispositivo de vigilancia controlaba los casilleros. Tanto da que estén en el exterior del edificio y que sean los responsables de los centros los que obligan a los visitantes a dejar allí sus pertenencias, de las cuales se tendrían que hacer responsables.

Los robos no son habituales y así lo aseguró a los abogados el mando de la Guardia Civil que se presentó para responder del incidente y para escuchar sus quejas. Tan poco habituales que el Ministerio del Interior les hizo llegar unos días más tarde una carta lamentando el incidente. Tan poco habitual que el centro no dispone de ningún seguro para cubrir la pérdida económica que representa la sustracción de dos teléfonos. Mucho menos todavía para protegerles del riesgo al que había quedado expuesta la información que contienen los dispositivos. De poco sirvió, por lo tanto, la denuncia que los letrados presentaron ante la policía.

La prisión no está preparada para robos a los visitantes. O quizás no está preparada para acoger acusados de sedición, de un supuesto alzamiento público y tumultuario, aunque sea de manera preventiva. Soto del Real y Estremera tienen unos internos muy especiales y pasan cosas extrañas que no acostumbraban a pasar.

Días después del incidente apareció en Soto del Real una cámara que custodia los casilleros donde las visitas dejan sus móviles y pertenencias.