El diario Tribune de Genève abre en portada con la denuncia hacia el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz del CatalanGate. Así pues, ponen de relieve que con el sistema de espionaje Pegasus también hay suizos perjudicados. El titular del artículo de Olivier Bot es bastante contundente: "¡Hola Ginebra, te escucho!" y especifica que "los exiliados independentistas catalanes fueron espiados a través de sus teléfonos inteligentes en Ginebra", pero añade que los suizos probablemente también fueron escuchados.
"Políticos o empresarios suizos podrían haber sido espiados"
Y detalla cuáles. "Tres catalanes, dos independentistas exiliadas en Ginebra y un informático especializado en blockchains en Zug, fueron víctimas del espionaje de sus teléfonos por parte de un cliente de la empresa israelí NSO, líder en el mercado del ciberespionaje". Así pues, señala, por una parte, a Marta Rovira y Anna Gabriel y a un trabajador informático catalán que trabaja en Zug, que habría recibido hasta 26 intentos de infectar el móvil, incluidos los receptores que se hacían pasar por el suizo.
Desde Ginebra, se preguntan si pueden ser muchos más. "Estos tres casos son problemáticos, sobre todo porque muchos otros ciudadanos suizos que tuvieron contacto con ellos (abogados, políticos o empresarios) también podrían haber sido escuchados y espiados", escribe también para el mismo diario suizo la periodista Caroline Zumbach.
"El espionaje en territorio suizo es ilegal"
Y tilda "de escándalo" el caso, que llega "de rebote cerca del lago de Ginebra". Y no sólo por el espionaje a suizos sino también por las dos residentes catalanas. "Este espionaje en territorio suizo, potencialmente ilegal, podría ser objeto de procedimientos judiciales", avisan. En paralelo, Jean-Marc Carncé, abogado de Marta Rovira, avisa de consecuencias internacionales: "Estamos estudiando con mi clienta la posibilidad de presentar una denuncia penal delante de la Fiscalía de la Confederación contra un desconocido por, en particular, vulneración de la soberanía nacional". Los remitentes en particular se hicieron pasar por la ONG Swisspeace y el Centro de Política de Seguridad de Ginebra (GCSP).
"La justicia se tiene que encargar urgentemente de ello"
La opinión pública suiza constata el malestar que ha provocado y piden explicaciones y excusas a la Moncloa. "En una ciudad como Ginebra, que propone desarrollar reglas internacionales comunes de gobierno digital, este espionaje de los ciudadanos suizos no tiene que quedar impune. La justicia se tiene que encargar urgentemente de este caso". Ahora, habrá que estar atentos al papel del Ministerio Público de la Confederación (MPC) de Suiza que, si no dio permiso, tendría que abrir una investigación de oficio.
Así pues, se abre un nuevo frente internacional que el gobierno de Pedro Sánchez tendrá que afrontar en paralelo al del Parlamento británico donde también se ha puesto encima de la mesa el espionaje hacia el abogado de Clara Ponsatí, Aamer Anwar. Aunque, de momento, en este caso el premier Boris Johnson todavía no se ha pronunciado. Pero el problema puede acabar estallando en otros países donde estuvieran viviendo los independentistas catalanes en el momento del espionaje o viajaran por cualquier motivo: Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Francia estarían seguramente.
El escrito también pone el acento en la falta democrática hacia el periodismo por parte del estado español. "En julio de 2017, el consorcio de periodistas Forbidden Stories publicó investigaciones que mostraban la envergadura de los ataques de los servicios de inteligencia y policía contra jefes de estado, políticos de la oposición, activistas de los derechos humanos y periodistas de todo el mundo. Al recurrir unos 50.000 números de teléfono, la prensa reveló las escuchas telefónicas ordenadas a estados de todos los continentes. En España, donde las tensiones fueron altas después de la votación de independencia del Parlamento catalán, inconstitucional a ojos de Madrid, este asunto que la prensa denominó Catalangate viene a poner sal en las heridas todavía vivas".