El Gobierno suizo ha reiterado hoy que esta digiriera no concede la extradición por "delitos políticos", pero ha recalcado que una orden internacional para detener a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que desde el viernes está a Suiza, sería analizada en "profundidad".

"Como en el caso Anna Gabriel, también se aplica a todos los otros políticos catalanes que vienen a Suiza el principio que este país, igual que la mayoría de los otros Estados, no concede ninguna extradición por delitos políticos", ha dicho el portavoz del Departamento Federal de Justicia, Folco Galli.

El portavoz no ha podido confirmar que Suiza ha recibido el orden internacional de detención dictada el viernes por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena contra Rovira, a la cual atribuye un papel "esencial" en la coordinación del proceso independentista catalán y a la cual procesa por presunta rebelión.

"Ya que las órdenes internacionales de detención son confidenciales y están sujetas al secreto profesional, el Departamento de Justicia no puede confirmar la recepción de una eventual solicitud" por parte de España, ha dicho Galli.

En cualquier caso, ha dicho el portavoz, el Departamento de Justicia suizo "tendría que analizar en profundidad la motivación de una eventual solicitud internacional de detención y aclarar sobre todo si las actuaciones de las cuales se los acusa a las personas afectadas constituyen delitos políticos".

El Gobierno suizo ya había dejado claro las últimas semanas que no extradita personas por presuntos "delitos políticos", aunque el delito del cual se les acusa existiera en el Código Penal.

Lo hizo con respecto al exdirigente de la CUP Anna Gabriel, que se marchó a Ginebra y para la que la Fiscalía había pedido una orden internacional de detención. El juez Llarena no la dictó finalmente, sino que se limitó a una orden de detención nacional.

Tampoco activó el viernes una orden internacional de detención contra Gabriel, a la cual procesa finalmente por el presunto delito de desobediencia y no por rebelión.

El Gobierno suizo también indicó el pasado día 15 -ante la petición de la Fiscalía española en el Ministerio del Interior que consultara en Suiza sobre la posibilidad de detener y extraditar al presidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y la consellera Meritxell Serret con motivo de su reciente viaje a Ginebra- que "no había base" para eso.

En Suiza son considerados delitos políticos únicamente los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables, como un secuestro de un avión o la toma de rehenes.

Lo único comparable con el delito de rebelión del cual se acusa Rovira en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año" para aquel que cometa actos tendentes "a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón".

El mismo se aplica para los que "derriben por la violencia las autoridades políticas instituidas por la Constitución o los impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón".