Suiza se ha negado a colaborar con la Audiencia Nacional para aclarar quien hay detrás de Tsunami Democràtic porque, según su opinión, su acción se enmarca en "un delito político", que no permite la cooperación internacional, según su legislación. Además, añade que en los hechos descritos por las autoridades españolas "no hay la violencia criminal" para encajarlos en los delitos de terrorismo y organización criminal, según el Código Penal suizo. Así consta en el sumario de la Audiencia Nacional, el secreto del cual se levantó la semana pasada, tres años y cinco meses después de una investigación prospectiva, dirigida por el titular del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, para averiguar quien eran los promotores de la plataforma Tsunami Democràtic, activada el 2 de septiembre de 2019 y que movilizó muchos ciudadanos para protestar contra la condena del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes, publicada el 14 de octubre de 2019.
En el sumario, consta que el magistrado Manuel García Castellón, ha permitido a la Guardia Civil intervenir los teléfonos de 20 personas (se había hablado de un centenar), especialmente de dirigentes de ERC, de Junts y de personas vinculadas a Òmnium, aparte de los 7 investigados del caso Volhov. Las conversaciones desnudan, nuevamente, la rivalidad entre dirigentes independentistas, según fuentes jurídicas.
Consultas a EUA y Canadá
La Audiencia Nacional ha podido mantener el secreto de las investigaciones tanto tiempo a la espera de las comisiones rogatorias en el extranjero para preguntar información sobre quién creó la aplicación de Tsunami y su financiación y lo pidió a Suiza, el Canadá, Estados Unidos y los Países Bajos. Según ha adelantado TV3 y ha confirmado ElNacional.cat este jueves, es bien clara la respuesta que da Suiza: las autoridades helvéticas, de acuerdo con su ley, consideran que las protestas de Tsunami en el aeropuerto y la Jonquera son hechos que encajan en un delito de carácter político y no como terrorismo o como organización criminal, tal como se inició la investigación en la Audiencia Nacional. A Suiza también se le ha pedido los datos de los titulares de una cuenta corriente en la CIM Banque Geneve-wollerau-lugano vinculado con Tsunami Democràtic.
Los otros países no dan ninguna información concluyente. En el caso de los Estados Unidos, a quien se le pide quién son los usuarios de las cuentas GitHub, S3rrallonga, tsunamidemocratic, FreeCatalonia 1714 o fuckspain, entre otros, responde con preguntas: ¿Cómo determinaron que S3rrallonga era quién desarrolló la aplicación de Tsunami? E incluso, exponen que desarrollar esta herramienta de mensajería no significa que sea el responsable de las movilizaciones y de quienes hiciera uso en las redes sociales.
Respuesta contundente
En concreto, el departamento federal de justicia y policial responde, el 26 de març de 2020, al Ministerio de Justicia, que hace de enlace con la Audiencia Nacional, que de acuerdo con la legislación suiza, “una solicitud de asistencia es inadmisible si el objeto del procedimiento es un acto, según la concepción suiza, tiene un carácter político preponderante”. Y añade: “Observamos que, a pesar de que los hechos descritos en la solicitud española tiene una calificación penal, en la legislación suiza, el carácter político del delito, si existe delito, constituye, en todo caso, un motivo de inadmisibilidades de la solicitud”, como sostiene que es este caso de Tsunami.
En su respuesta, Suiza reitera que “el delito político no da lugar a la cooperación suiza, en la medida en que está dirigido exclusivamente contra la organización política y social del Estado solicitante, incluso en la medida en que se produce en el marco de una lucha por o contra el poder y se sitúa en estrecha relación con el objetivo de esta lucha”. Y además, añade, que en los actos imputados a Tsunami no ha habido actos violentos, "ni se ha puesto en riesgo la vida ni la integridad física de personas", como podría ser -indica- en el caso del secuestro de un avión.
Las imputaciones, sin concretar
En el sumario, por ahora, no hay ninguna resolución de conclusión, donde el juez precise las personas investigadas y los delitos, y es por eso que la Fiscalía tiene que arremangarse y decidir a las personas que, finalmente, quiere investigar, derivar la causa en juzgados donde pasaron los hechos o pedir su archivo, según fuentes jurídicas.
De la larga lista de espiados, los que ciertamente han sido investigados son siete imputados del caso Volhov, detenidos en octubre de 2020 y que el verano del 2021 los reclamó el juez de la Audiencia Nacional. Son: Oriol Soler Castanys, editor y director general de SOM; el exconseller de ERC, Xavier Vendrell, de quien la Guardia Civil sostiene que recibe el encargo de iniciar Tsunami y de las movilizaciones del aeropuerto, la AP-7 y en el Camp Nou; el exdirigente de CDC, David Madí, de quien ahora se descarta que esté en la dirección de Tsunami; el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el informático Jaume Cabaní; Marta Molina y Josep Campmajó, este último como coordinador de las movilizaciones con grupos como los CDR. También se cita a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como impulsora de Tsunami desde Suiza, con la colaboración de Soler, y el visto bueno del president Carles Puigdemont. A Rovira, pero no se la ha investigado directamente. Por ahora, solo se ha personado Soler en el procedimiento en la Audiencia Nacional, mientras que el resto espera que el juez los cite o les archive la causa contra ellos.
Una red de Mossos e informáticos
En uno de los últimos informes, la Guardia Civil asegura que los investigados de Volhov habrían recibido el apoyo de agentes de los Mossos de Esquadra, en concreto de tres agentes (cita sus nombres) para identificar matrículas y protocolos policiales, y de informáticos para la difusión de convocatorias de Tsunami y para ocultar el origen. También insiste en las medidas de ciberseguridad que toman Campmajó y Cabaní.
Víctima de persecución policial
Recientemente, Oriol Soler pidió al Tribunal Constitucional (TC) la medida cautelar que se levantara el secreto de esta investigación que la Audiencia Nacional abrió el 17 de octubre de 2019. Soler, a través del abogado Benet Salellas, es el de los investigados del caso Volhov que se personó a la causa, inicialmente denegada y que corrigió la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. En el escrito en el TC, el abogado aseguraba: "Soler tiene sospechas fundadas de considerar que está siendo víctima de una persecución policial y judicial injustificada, ideológica y víctima de una investigación prospectiva." Ahora, con el acceso a la causa, ya ha podido comprobar las investigaciones y los cargos contra él, además de las polémicas conversaciones, que aún no han trascendido.