Las cosas se dificultan en la cruzada del juez Manuel García-Castellón en el caso Tsunami. La justicia suiza cuestiona la investigación por terrorismo que el juez español impulsa desde España contra 12 personas, entre ellas Carles Puigdemont y Marta Rovira, y por la que necesitaba la colaboración de las autoridades de Suiza, según ha avanzado este martes El País y ha confirmado ElNacional.cat. Ahora, la Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia suizo, ha suspendido la comisión rogatoria cursada el noviembre pasado por García-Castellón, en la que pide que se le facilitara la localización de Marta Rovira. Las autoridades suizas advierten del posible "carácter político" de la investigación de Tsunami, motivo por el cual su ley les prohíbe la colaboración con otros estados, y le recuerdan al juez que ya se lo dijeron el 2020. Además, expresamente piden al magistrado que les "amplíe información" sobre la ley de amnistía, que ahora se tramita, para "varios separatistas catalanes", y las consecuencias de esta ley en los miembros de Tsunami y en concreto a Rovira, de la cual indica que "no se deja claro" su pertenencia a esta plataforma.
Además, la misma oficina también se niega a informar sobre la supuesta cuenta bancaria que se utilizó para financiar las movilizaciones de protesta, algunas violentas, que organizó Tsunami Democràtic en el 2019. Las autoridades suizas recuerdan que ya denegaron esta petición en su respuesta de la comisión rogatoria de 2020, porque no vieron indicios de terrorismo. Además, preguntan al juez porque les pide información de la cuenta hasta junio de 2020, si las movilizaciones fueron a finales del 2019.
Suiza reprocha al juez tanto que solicite la información bancaria que ya fue negada en su momento por falta de indicios, como el paradero de Marta Rovira. Sobre esta última petición, la respuesta suiza afirma que no entienden la demanda, teniendo en cuenta que localizarla se podría llevar a cabo "mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial"; y desconoce "qué finalidad se persigue con esta localización".
Se piden detalles
"Nos gustaría saber la relación exacta entre Marta Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados (El Prat y Barajas) que constituyen los hechos descritos a la comisión rogatoria; en otras palabras, es importante destacar la implicación precisa de la señora Rovira en estas manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto", afirman las autoridades suizas en la respuesta al juez español.
Hay que recordar, que el juez García-Castellón no dice nada sobre la presunta implicación de Rovira en las manifestaciones de estos aeropuertos, a la exposición razonada que ha enviado al Tribunal Supremo (TS) para justificar que este tribunal le dejara asumir la investigación del caso Tsunami. En aquella exposición razonada, el juez reunió indicios tan dispersos como una reunión que Rovira tuvo en Ginebra, pero ignorando el contenido de la misma, o el hecho de que Rovira "fue la más rápida en tuitear el primer mensaje de Tsunami".
La falta de explicaciones en las peticiones de García-Castellón a las autoridades suizas no son suficientes, ya que la Oficina Federal de Justicia suiza considera que "no es clara la pertenencia" de Rovira en Tsunami Democràtic. Además, pregunta qué efectos podrá tener la futura ley de amnistía en este caso.
Una causa política
En el texto de la Oficina Federal de Justicia se apunta que la investigación es de "carácter político" y de ahí sus reticencias a colaborar. El marcado carácter político de las acciones de García-Castellón puede verse en el mismo hecho de cómo reactivó la causa de Tsunami Democrático en plenas negociaciones por la amnistía. Es más, justo imputó a Rovira y a Puigdemont el día en el que se anunció el acuerdo por la amnistía. No solo reavivó una causa que estaba congelada, sino que lo hace enarbolando la acusación de terrorismo, que podría dejar a los acusados al margen de la amnistía.