Del 1 de enero del 2013 a la actualidad. Es el perímetro que propone Sumar para una ley de amnistía que exonere las "acciones" llevadas a cabo en motivo del Procés. Eso no solo incluiría, pues, la configuración y celebración del referéndum del 1-O del 2017. La formación de Yolanda Díaz también propone exonerar, por ejemplo, la consulta del 9-N del 2014. Y también quedarían exentos de ninguna culpa los que participaron en la batalla de Urquinaona, porque el texto propone perdonar a toda aquella gente que protestó en decisiones tomadas por el gobierno o la justicia española en motivo del Procés; es decir, las protestas postsentencia.
Sumar propone, según el documento que ha publicado en exclusiva ElNacional.cat y que ha avanzado El Periódico, amparar en la medida de gracia "todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de conseguir la autodeterminación de Catalunya tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero del 2013 y el momento de entrada en vigor de esta ley". El texto defiende, también, la bidireccionalidad de la ley. Es decir, que los policías españoles y guardias civiles procesados por haber apaleado catalanes durante la celebración del referéndum del 1-O también quedarían amparados por esta amnistía. Pero añade un matiz, y deja fuera de la amnistía las actuaciones de policías "susceptibles de ser calificadas de delitos de tortura y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales de la autoridad o funcionario público".
El 9-N y el 1-O, dentro de la amnistía
El documento propuesto por Sumar defiende amnistiar cualquier acto relacionado con la "preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo relativo a la consulta sobre el futuro político de Catalunya del 9-N como el referéndum de autodeterminación del 1-O". "Así como todo el desarrollo en la vía pública o por cualquier otro medio en defensa de este referéndum o realizado como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración o a perseguir penal o administrativamente a sus responsables", añade el texto.
La propuesta que hace Sumar, sin embargo, deja fuera de este marco a Laura Borràs. Y en principio, y para citar otro ejemplo, sí que amnistiaría al ciudadano madrileño Dani Gallardo, en tanto que el texto reivindica la "independencia de su lugar de comisión". Esta propuesta sitúa el inicio de la amnistía en 2013 y no en 2014 (consulta del 9-N) porque fue el mes de enero del 2013 cuando el Parlament de Catalunya aprobó la declaración de soberanía en la que se reivindicaba el derecho a decidir de los catalanes.
Sea como sea, es una propuesta prácticamente igual a la que presentaron en 2021 en el Congreso de los Diputados Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP y el PDeCAT. Entonces, que Pedro Sánchez todavía no había aprobado los indultos a los presos políticos catalanes, los partidos independentistas calculaban que se podían amnistiar a unas 2.800 personas.
Defiende la constitucionalidad de una amnistía
El documento de Sumar hace una argumentación previa al articulado de la propuesta. Y en este prólogo admite que actualmente hay un debate sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía. A pesar de reconocer que hay varias "opiniones" sobre esta cuestión, el texto expone varios ejemplos de jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional que justifican aprobar una ley de este estilo. Y señala que la amnistía no está prohibida en la carta magna española. Por lo que los tribunales no tendrían que tumbar un texto que exonerara a los independentistas perseguidos por el Procés.
El PSOE, sobre la propuesta de Sumar: "No es nuestra posición"
El ministro de Presidencia y miembro de la comisión negociadora del PSOE, Félix Bolaños, ha querido dejar bien claro este viernes que este documento refleja la posición de Sumar, no la suya. "El documento es respetable, pero no es la posición del PSOE", ha aclarado el ministro en funciones, que ha advertido desde la delegación del Gobierno en Catalunya que los partidos se enfrentan a "semanas intensas de negociaciones, contactos y conversaciones". Como ha hecho Pedro Sánchez desde que el rey Felipe VI le encargó la investidura, Bolaños tampoco ha utilizado la palabra "amnistía".