Sumar interpondrá este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los nueve vocales conservadores del organismo, por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la futura Ley de Amnistía, todavía en trámite de aprobación en el Legislativo. Concretamente, la denuncia del grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, para promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ.
La querella se dirige contra sus ocho promotores, a los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. También contra Wenceslao Olea —que votó a favor— y apunta a Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de este pleno en la cual estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ que se han pronunciado contra la amnistía antes de que esta se haya aprobado.
"Se adjudican atribuciones del TC"
En el texto, Sumar atribuye a los promotores de esta declaración arrogarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado. Es más, recrimina en su querella que su intención era enviar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que solo puede contribuir a una mayor crispación social", máximamente cuando se le dotó de carácter institucional. "Afirmaciones de extrema gravedad, ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", profundiza el grupo parlamentario que, también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar este pleno del organismo judicial.
Ofensiva de los conservadores del CGPJ contra la amnistía (antes de aprobarse)
Concretamente, la querella de Sumar hace referencia a la aprobación el pasado 6 de noviembre en sesión plenaria de la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía al Procés que negociaban entonces PSOE, Sumar, ERC y Junts a cambio de investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, alertando de que su aplicación supondría la "abolición" del Estado de derecho. El partido de Yolanda Díaz señala que esta resolución "descalifica e imputa conductas graves" al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas de "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas con respecto al Poder Judicial.
El texto de Sumar también apunta a las divisiones internas en el CGPJ y subraya que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, solicitó desconvocar este pleno después de advertir previamente que era "improcedente" e "ilegal", y optó por no acudir cuando se mantuvo su celebración. También argumenta que los medios de comunicación expusieron que el mismo presidente interino veía la declaración institucional "prematura", que el respeto a la independencia judicial hacía oportuno evitar este pronunciamiento ante una iniciativa legal inexistente y que implicaba un posicionamiento institucional a favor de una opción política.