La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha dado 30 días más para dictar sentencia sobre el 9-N. En una providencia, los magistrados argumentan que necesitan más tiempo por la complejidad del tema, el volumen de documentación y el bombero de recurrentes.
El pasado 7 de noviembre se celebró una vista en el Tribunal Supremo para estudiar los recursos presentados pel presidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Educación Irene Rigau contra la decisión del TSJC de inhabilitarlos por haber organizado el 9-N el año 2014. Ahora, el Supremo tiene que decidir si confirma la condena (tal como solicitó la Fiscalía durante la vista) y si la modifica. Esta sentencia ya será firme.
El TSJC los condenó por un delito de desobediencia a 2 años de inhabilitación en el caso de Mas, 1 año y 9 meses en Ortega y 1 año y 6 meses en Rigau. Aunque la condena no es firme, actualmente ninguno de los tres ocupa cargos públicos. También les impuso multas de 36.000 euros en Mas, 30.000 en Ortega y 24.000 en Rigau. En cambio, el tribunal los absolvió de un delito de prevaricación. Antes de llegar a juicio, la acusación por malversación decayó y no se les llegó a juzgar por este delito.
Después de esta condena, los tres recurrieron la decisión ante el Tribunal Supremo. Ahora, después de la vista del pasado 7 de noviembre, el tribunal tendrá que tomar una decisión. Esta prórroga de 30 días no tiene por qué agotarse.
La sala que ha estudiado los recursos está constituida por los magistrados Luciano Varela Castro (presidente), y Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.