El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de protección al honor del magistrado jubilado Manuel García-Castellón que presentó contra la diputada de Podemos Ione Belarra, según ha informado al tribunal este viernes. La exministra le dijo públicamente que era un "corrupto" y "prevaricador" cuando se jubiló. En la resolución de admisión, la sala de lo civil del Tribunal Supremo ha acordado de trasladar a la diputada y a la Fiscalía la demanda, y que se pronuncien sobre ella en los próximos 20 días. La diputada de Podemos se reafirmó en sus declaraciones una vez supo que había sido demandada.
Inicialmente, el juez jubilado reclamaba a la diputada Belarra una indemnización de 120.000 euros, que ahora ha elevado a 240.000 euros. El tribunal -formado por los magistrados Francisco Marín Castán, Rafael Sarazá y José Luis Seoane- ha admitido la ampliación de la reclamación que presentó el juez jubilado, el septiembre pasado, en un segundo auto.
La reclamación contra la diputada
En la demanda, el abogado del magistrado pide al Supremo que declare que las publicaciones de los días 2 y 20 de septiembre de 2024 por parte de Ione Belarra en la red social X "constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de García-Castellón. Añade que "a consecuencia de esto se ha generado un daño moral" al magistrado y, por eso, pide que lo indemnice con 240.000 euros o lo que acuerde el tribunal "dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de esta".
A más, el juez García-Castellón pide que se condene a la diputada de Podemos a difundir el contenido de la sentencia en su perfil de la red social X, donde sostiene que se produjo la intromisión al derecho a su honor, o en otro medio con parecidas características.
Decisiones polémicas
Las últimas decisiones del juez García-Castellón, al frente de su juzgado en la Audiencia Nacional, crearon mucha polémica porque admitió investigaciones contra la formación morada sobre su supuesta financiación irregular, que se ha demostrado falsa. Ahora otro juez de la Audiencia Nacional investiga una querella de Podemos contra las cloacas del Estado.
El magistrado también fue acusado de querer torpedear la amnistía al president a l'exili, Carles Puigdemont, i a otros investigados independentistas catalanes en la causa de Tsunami Democràtic, que al final se vio obligado a archivar.