Sorpresa. El Tribunal Supremo ha aceptado las alegaciones de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant y ha suspendido el juicio de hoy contra ella por desobediencia ordinaria, por no haber querido responder a las preguntas de Vox en el juicio en el alto tribunal contra los líderes independentistas catalanes, el 27 de febrero de 2019. El tribunal ha expuesto que como obtuvo el acta de diputada en marzo del 2021, la finalización de su procedimiento tendría que haberse hecho en el alto tribunal y no en el juzgado de Madrid. Así, ahora la finalización de la causa contra la diputada cupaire la hará un instructor del Supremo y la Fiscalía tendrá que volver a presentar escrito de acusación. En la vista, Reguant, con un traductor al lado, ya que solicitó declarar en catalán, ha escuchado los argumentos de su abogado, de la Fiscalía y, al final, del Supremo, que ha hecho un receso para deliberar su respuesta.
Hoy, además, se ha dado a conocer que la Fiscalía presentó el abril pasado un escrito de acusación en el que modifica la petición de pena a la diputada de la CUP por un delito de desobediencia no cometido por funcionario: de seis a cuatro meses de prisión y de inhabilitación a cargo público. Si, finalmente, el tribunal la condena, no peligra que entre en prisión, puesto que la petición es menor a dos años y sin antecedentes se suspende su entrada. La inhabilitación, sin embargo, a pesar de ser inferior, se ejecuta, tal como le ha pasado recientemente a su compañero de grupo Pau Juvillà o al diputado de Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez y, también, al president Quim Torra, que le ha dado su apoyo. Esta mañana, antes de entrar en el juicio, la diputada anticapitalista ha sido acompañada por miembros del partido, y también ha recibido el apoyo de miembros de los partidos independentistas, de ERC y de Junts, además de la ANC y Òmnium. El juicio de hoy era un nuevo ataque al independentismo catalán.
Argumentos
En las cuestiones previas, el abogado de la diputada, Daniel Amelang, ha insistido al tribunal que se le han vulnerado derechos a la libertad de expresión e ideológica, así como de participación política, y ha reclamado que la causa volviera atrás y sea instruida por el Tribunal Supremo, ya que obtuvo el acta de diputada en marzo de 2021 y el juzgado de instrucción de Madrid tendría que haber detenido la investigación. Por su parte, el fiscal Carmelo Quintana ha descartado que se le haya vulnerado algún derecho a Reguant, y ha comparado su caso con el del diputado Joan Josep Nuet, en el que su investigación se separó de la causa de la Mesa, juzgada por desobediencia por el 1-O en el TSJC; y fue juzgado en el Supremo, al ser nombrado diputado en el Congreso por ERC. El fiscal también ha indicado que las libertades exigidas por Reguant son adecuadas; sin embargo, "las libertades tienen limitaciones" y en su caso ha dicho que "mostró una negativa radical a responder a Vox sin ni saber las preguntas". El fiscal ha situado la desobediencia de Reguant al nivel de la del president Torra, del cual el Supremo validó su condena por desobediencia a la JEC por no haber retirado la pancarta a favor de los presos políticos. Los siete magistrados del tribunal se han retirado a deliberar estas cuestiones previas, y al final, para sorpresa de todo el mundo, han aceptado la demanda de Reguant. Es decir, se aplaza su juicio hasta que se acabe la instrucción.
Tribunal nuevo
El tribunal que tenía que juzgar hoy a la diputada anticapitalista es diferente del que juzgó y condenó a los líderes sociales y políticos. En aquel juicio, el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, no tuvo mano izquierda para atender la demanda de Reguant, citada como testigo del entonces presidente de Òmnium. No sirvió de nada que los abogados de Òmnium pidieran a Marchena que él formulara las preguntas de Vox, como se intentó hacer con el entonces cupaire Antonio Baños, el cual fue investigado por el mismo juzgado de Madrid, pero no juzgado. El tribunal ya multó a Reguant, que entonces era concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, y a Baños a pagar una multa de 2.500 euros, medida por la cual su defensa considera que ya fue castigada por esta supuesta desobediencia y no se la puede sancionar dos veces por los mismos hechos.
La sala que tenía que juzgar a la diputada catalana es formada por los magistrados Miguel Colmenero, Vicente Magro (presidente), Susana Polo, Eduardo de Porres, Ángel Luis Hurtado, Leopoldo Puente y Javier Hernández (proveniente de la Audiencia de Tarragona y la sala de apelaciones del TSJC, es de los pocos jueces progresistas que hay en el alto tribunal).
Seis de los siete magistrados del Supremo, en el juicio de Reguant hoy / Efe