La sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS), encabezada por el juez Manuel Marchena, se ha marchado de vacaciones este agosto (es un mes inhábil en los juzgados, excepto las causas urgentes fijadas por la ley), dejando para septiembre temas importantes para resolver. Son: la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del 1-O; resolver si imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por ordenar la nota para aclarar un acuerdo sobre un fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y si asume la investigación de la injerencia rusa en el procés, con las imputaciones de los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, junto con once personas más. El Supremo, sin embargo, estará en alerta este agosto.
Según fuentes jurídicas, el magistrado instructor del 1-O, Pablo Llarena, estará conectado telemáticamente por si el president en el exilio Carles Puigdemont vuelve a Catalunya para el pleno de investidura en el Parlamento, como ha prometido. El magistrado del Supremo mantiene la orden de detención en el Estado español de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que ha vuelto a obtener el acta de diputado por Junts. ERC ha anunciado un acuerdo con el PSC, que implica investir al socialista Salvador Illa president de la Generalitat, y todo se podría precipitar a finales de la próxima semana. Además, la militancia republicana ha ratificado el acuerdo este viernes, de forma ajustada, con el 53,5% de los votos.
La amnistía, al Constitucional
El alto tribunal español ha mantenido su pulso con el legislativo de Pedro Sánchez y ha dejado bloqueada la aplicación de la norma del olvido penal a los políticos de Junts y ERC. El mismo 1 de julio el magistrado Llarena -para los investigados en el exilio (Puigdemont, Comín, Puig y Marta Rovira)-, y la sala de lo penal -para los condenados y con inhabilitaciones en vigor por el delito de malversación (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva)- dictaron resoluciones, en las cuales les negaban la aplicación de la amnistía al considerar que con la malversación del 1-O se habían enriquecido, y preguntaron a las partes si tenían que consultar al Tribunal Constitucional la legalidad de la ley, solo por el delito de desobediencia.
Dilaciones prohibidas
La Fiscalía, la Abogacía del Estado, las defensas y el partido ultra Vox respondieron en plazo marcado. Ha pasado casi un mes y ni el juez Llarena ni la sala de lo penal de Marchena han respondido nada. Hace dos semanas, los abogados Gonzalo Boye, en nombre de Toni Comín, y Jordi Pina, en nombre de Turull, pidieron al Supremo que no dilataran más sus procedimientos, que "está proscrito por ley". Si el juez Llarena no responde, el recurso no se puede elevar a la sala de lo penal del Supremo (que mantendrá la negativa), y después podrían pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC). Lo mismo pasa con los condenados por el 1-O y con la inhabilitación hasta el 2030 y en el 2031. El Constitucional también tiene una sala de vacaciones activada en agosto, como fija la ley, a pesar de que estos tres magistrados no tendrían que resolver un amparo de Puigdemont si es detenido, sino que se tendría que convocar el pleno del TC, se indica.
Por ahora, la última resolución del juez Llarena es fechada el 22 de julio, a pesar de que firmada el 28 de julio y comunicada al día siguiente, en qué da traslado a las partes de los respectivos recursos contra su resolución del 1 de julio de no aplicar la ley de amnistía a los exiliados, aunque retiró la orden de detención de Marta Rovira porque el delito de desobediencia no implica prisión. Les dio 2 días para responder. Es decir, a las puertas de agosto, y es un simple trámite.
"El derecho penal en peligro"
Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sí que ha hecho los deberes antes de marcharse de vacaciones, aunque también ha paralizado la aplicación de la amnistía a los cargos de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, a pesar de admitir que se les podría amnistiar porque no se enriquecieron. El tribunal -con el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos de presidente y ponente- es muy crítico con el Gobierno del PSOE por haber acordado la ley con los partidos independentistas de Junts y ERC. Sostiene que la norma "no es razonable, ni proporcional, ni adecuada". Y alerta que si la ley de amnistía se mantiene "se deja el derecho penal en manos de distintos partidos que tienen en el horizonte la secesión" y que puede ser un "riesgo sistémico de impunidad", repitiendo un concepto del mismo TJUE en una sentencia del 2021.
Investigar al fiscal del Estado
Además del 1-O, la sala de lo penal del Tribunal Supremo volverá en septiembre con otros deberes pendientes. Uno de ellos es decidir si investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, atacado por los fiscales conservadores y por el PP, y que no dimitirá por su actuación, que considera acertada para destapar informaciones "falsas" distribuida por miembros próximos a Díaz Ayuso, según fuentes de la Fiscalía General del Estado.
El alto tribunal, además, tiene que designar a un magistrado para examinar la causa de la injerencia rusa al movimiento independentista catalán, que les envió al juez Joaquín Aguirre, a mediados de julio. Si es así, sería una causa nueva contra el president Puigdemont, después de archivarse la causa de Tsunami Democràtic por un error del juez instructor Manuel García-Castellón.