Ahora hace casi dos años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que Arnaldo Otegi fue condenado por terrorismo en un juicio que no fue justo. Esto pasó en noviembre del 2018. No ha sido hasta hoy que el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del caso Bateragune, siguiendo lo que ordenó Estrasburgo. El actual coordinador general de EH Bildu llegó a pasar seis años y medio en la prisión de Logroño. No tuvo ningún tipo de permiso. Ahora la anulación hace decaer también la inhabilitación del líder de la izquierda abertzale para ejercer cargos públicos, que estaba vigente hasta el 2021.

La sala ha admitido los recursos de revisión de sentencia interpuestos por Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto Garcia y Miren Zabaleta Tellería. Así, ha anulado la sentencia del 2012 que los condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por el delito de pertenencia a organización terrorista, en el caso Bateragune. Fueron condenados por supuestamente intentar reconstruir Batasuna para formar una alianza independentista siguiendo las órdenes de ETA.

 

En noviembre del 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos echó por el suelo la sentencia de la Audiencia Penal. El tribunal europeo concluyó que se había vulnerado el artículo 6.1 del Convenio Europeo por falta de imparcialidad del tribunal. Para el Tribunal Supremo eso "constituye título suficiente" para revisar y estimar el recurso presentado por los condenados.

El caso llegó a Estrasburgo por la defensa de Otegi, que buscaba dilucidar si la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo vulneró sus derechos fundamentales. La defensa alegó que su imparcialidad estaba contaminada por el prejuicio mostrado en un juicio anterior contra él. En concreto, alegaba que durante el juicio por el homenaje a uno de los líderes de ETA, Argala, Murillo preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo etarra y, ante su negativa a responder, la magistrada afirmó: "Ya sabía yo que no me contestaría esta pregunta".

De la misma manera, las defensas también denunciaron la presunta parcialidad del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, por su militancia en el Partido Popular y del magistrado Antonio Narváez, que fue el fiscal que impulsó la ilegalización de Batasuna. El TEDH rehusó estos argumentos.