Efecto dominó. El Supremo también cierra la investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg en el caso Tsunami Democràtic. La instructora del Supremo, Susana Polo, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al día siguiente que el juez Manuel García-Castellón decidiera cerrar la investigación que seguía en la Audiencia Nacional por el mismo caso contra una decena de independentistas. El desencadenante del archivo fue la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia de anular la investigación llevada a cabo por García-Castellón desde el 29 de julio del 2021, al constatar que se había hecho fuera de plazo, porque el juez había prorrogado la investigación con un día de retraso, el 30 de julio. El caso sobre Puigdemont y Wagensberg por Tsunami, que estaba en manos del Supremo por su condición de aforados, se abrió con posterioridad a aquella fecha, el 6 de noviembre del 2023.

 

Precisamente, en su escrito de seis páginas, la instructora señala la necesidad de fijar en qué momento se inició la investigación contra los dos diputados y concluye que la cuestión ha sido resuelta por la sala segunda del Supremo que en febrero del 2023 estableció que "la determinación del inicio del cómputo de plazo se corresponde con la incoación de la investigación judicial".

Reforzamiento de las garantías

La magistrada subraya que el ordenamiento de los tiempos de la investigación supone un "reforzamiento de las garantías del proceso y de los derechos del investigado, quien ostenta un derecho a un marco temporal de investigación judicial".

Recuerda que antes del 29 de julio del 2021, fecha en la qué acabó el plazo de la instrucción sin que el juez de la Audiencia la prorrogara a tiempo, "no se llevó a cabo ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos que se les imputa", dado que no se había acordado ni tomado declaración a ninguno de ellos, ni a los investigados en la Audiencia ni los dos aforados en manos del Supremo.

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional decidió este lunes anular la investigación hecha por García-Castellón los últimos tres años después de dar la razón a la defensa de Marta Molina, que ejerce Marina Roig, que argumentó que el juez instructor había dictado la prórroga el 30 de julio del 2021, es decir, con 24 horas de retraso con respecto a la fecha en que había acabado el periodo de investigación, por lo cual era ilegal todo lo acordado con posterioridad a aquella fecha. El abogado de Puigdemont y Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, también había denunciado esta situación el pasado mes de enero.

Horas después de la decisión de la sala de lo penal de anular parte de la investigación, fue el propio juez García-Castellón quien decretó el archivo provisional de la causa contra diez independentistas. La consecuencia final ha sido la decisión de la instructora del Supremo de adoptar la misma decisión en la investigación abierta contra los dos aforados, con lo cual se ha dado carpetazo a la investigación por terrorismo.