El CNI y la la justicia se contradicen. El primero asegura que ha espiado con Pegasus pero que lo ha hecho con una autorización judicial, ahora bien, el Tribunal Supremo es tajante y recalca que nunca ha recibido una petición por parte de la inteligencia española pidiendo permiso para llevar a cabo espionajes masivos a independentistas. El Español explica que así lo han asegurado varios magistrados del TS que han tenido a su cargo el control previo de las solicitudes del servicio de inteligencia para intervenir comunicaciones o entrar en domicilios. "El CNI nunca nos ha solicitado autorización para interceptar las comunicaciones", indican. "El CNI nunca ha solicitado autorización para interceptar las comunicaciones de más de tres o cuatro personas en la misma petición. No ha habido nunca una solicitud masiva", asegura uno de los llamados jueces del CNI que hace muchos años que trabaja en esta función. Es más, el magistrado contactado por el citado digital añade: "Si hubiéramos recibido esta petición no la habríamos autorizado".

¿Qué dice la normativa para los espionajes masivos?

España cuenta con una normativa singular a la hora de espiar comunicaciones y domicilios por parte del CNI. Después de la condena del general Alonso Manglano por las escuchas del CESID (el antiguo CNI) en 1999 y la batalla de 1997 para desclasificar documentos del servicio secreto sobre la guerra sucia contra ETA a través de los GAL, el gobierno del popular José María Aznar promovió una modificación legal para establecer un control judicial en el CNI. La ley dicta que sólo el director o secretario general del centro de inteligencia tendrá la potestad de dirigirse al magistrado de Supremo para aquellas peticiones relativas a la ejecución de medidas que afecten a la inviolabilidad de domicilios o al secreto de las comunicaciones. Esta petición se tiene que hacer por escrito y la intervención solicitada no puede durar más de tres meses. "Tienen que ser personas individualizadas y concretas, no sirve una identificación genérica o un grupo", explica otro juez del CNI a El Español .

Las duras consecuencias del espionaje

ERC no garantiza su apoyo al decreto de Ucrania que se votará el jueves en el Congreso. Así lo ha advertido la portavoz republicana, Marta Vilalta, al Gobierno. Esquerra ha subrayado que es una "posibilidad" no dar apoyo al decreto ley de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra. ERC vincula así su voto a las decisiones que tome el Estado para investigar el CatalanGate. Además, Vilalta ha reclamado dimisiones "cuanto antes mejor" de las personas "responsables" del espionaje. La portavoz también ha asegurado que nadie duda de que el Gobierno haya espiado el independentismo, y considera "insuficientes" las explicaciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Vilalta ha aprovechado para criticar el silencio del presidente español, Pedro Sánchez, que todavía no se ha pronunciado públicamente ni ha dado explicaciones sobre el CatalanGate, caso conocido ahora ya hace una semana. La portavoz de ERC ha subrayado que "nadie tiene dudas" que la Moncloa estuviera detrás del espionaje, o que al menos fuera conocedora de ello. El partido centra su discurso en presionar el Estado para que investigue con "transparencia" el caso y que, quien lo tenga que hacer, asuma las "responsabilidades". En este sentido, ERC no garantiza su apoyo al decreto que el Congreso votará el jueves sobre las medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Ahora mismo los republicanos estarían lejos de dar apoyo: "Es una posibilidad, sí", ha dicho Vilalta sobre la opción de votar en contra, si Sánchez no concreta dimisiones".