Era evidente y sólo faltaba este último paso: que el magistrado Pablo Llarena pidiera formalmente el caso de los consellers, los Jordis y Trapero a la Audiencia Nacional.

Llarena hace días que lo tiene en mente. De hecho, ya pidió la semana pasada los informes sobre el caso a todas las partes, abriendo la puerta para que el Tribunal Supremo instruyera todo el caso del referéndum y las 6 querellas que en total hay sobre todos los investigados: el Govern entero de la Generalitat; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los diputados de la Mesa de Junts pel Sí; Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

El major Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana se quedan en la Audiencia Nacional.

Llarena acuerda que la juez Lamela debe continuar investigando la actuación del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, así "como de cualesquiera otros eventuales responsables sobre los que la investigación proyecte indicios de responsabilidad". El magistrado reclama al Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional la parte de la causa relativa al Govern cesado y a los responsables de ANC y Òmnium, que queda incorporada a la que ya se sigue contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y otros 5 miembros de la Mesa.

En su auto, Llarena explica que la doctrina del Tribunal Supremo sobre la extensión de competencia en hechos cometidos por personas no aforadas solamente es procedente cuando se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas. Recuerda que la unificación del procedimiento tiene una finalidad funcional, concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento. 

En desacuerdo con Lamela

En el presente caso, Llarena señala que uno de los delitos investigados es el de rebelión, que tiene un carácter plurisubjetivo, con una pluralidad de partícipes, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto.

No obstante, Llarena considera que en el presente caso no se observa esa conexión material inescindible en la actuación de todas las personas investigadas en relación con el proceso secesionista de Catalunya. Así, el juez distingue entre “la actuación de los miembros del Govern y la de los presidentes de ANC y Òmnium, hasta el punto que sólo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión”, y la actuación de los Mossos que describe Lamela en su informe, así como la de un conjunto de personas que han podido colaborar en la elaboración de las leyes cuestionadas.

Para el magistrado, participaciones como la de Trapero, Laplana y aquellas otras semejantes que surjan a lo largo de la investigación no impiden que puedan examinarse de manera autónoma, “son así participaciones añadidas, que con independencia de cuál sea su relevancia en el desarrollo natural de los hechos, no justifican modificar las normas de competencia ordinaria para los que resulten afectados”.

Entre estas intervenciones, explica Llarena en su auto, “está la de quienes se encontraban subordinados, en este caso concreto, al conseller de Interior: Josep Lluís Trapero y Teresa Laplana Cocera. Sin perjuicio de que pueda resultar necesario revisar la decisión en un futuro, su participación, por relevante que sea, no compromete la calificación y el enjuiciamiento que pueda surgir de esta causa especial, no pudiéndose modificar la competencia ordinaria por no concurrir el elemento de la inescindibilidad respecto de ellos”.

I ahora, ¿qué?

A partir del auto del juez Llarena, quedan bajo la investigación del Supremo un total de 22 personas: el president Carles Puigdemont y los cuatro consellers cuya entrega España ha reclamado a Bélgica (Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret), los 8 consellers que se encuentran en prisión preventiva en España (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó), el exconseller en libertad bajo fianza Santi Vila, y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa del Parlament a los que ya investigaba.

De todos los informes que ha recibido el magistrado del Supremo sólo el del fiscal era contrario a unificar la causa. Pero si una instancia superior lo pide, el juez tiene que ceder el proceso, y en este caso, la misma jueza ha dejado claro que se tiene que investigar como una macrocausa porque todos los investigados forman parte de una misma organización criminal con un objetivo común.

Sólo Forcadell y la Mesa estaban hasta ahora en manos del Supremo, pero a partir de hoy, cuando la jueza Carmen Lamela traspase todo el sumario, consellers y Jordis saltarán de un tribunal a otro, donde las garantías de los aforados marcarán a partir de ahora todo el proceso judicial.

Y la primera medida que tomará Llarena es si mantiene o no a los consellers y los Jordis en la prisión.

El vicepresident, Oriol Junqueras, y los consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Dolors Bassa están en la prisión desde el 2 de noviembre.

La jueza Carmen Lamela dictó la medida cautelar de prisión provisional después de citarlos a declarar y de las breves comparecencias que hicieron, sin casi ni poder prepararlas. La Fiscalía fue implacable, pidió prisión incondicional y la jueza accedió sin condiciones. Ni siquiera se planteó una fianza como en el caso de Carme Forcadell y los miembros de la Mesa.

La Audiencia Nacional cogió la directa, mientras que el Tribunal Supremo primero dio una semana para preparar las defensas y después dictó prisión, pero la hizo eludible con fianza, dando también, excepto en el caso de Forcadell, una semana para pagarlas.

En las diferencias de la actuación preliminar de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, se encuentran también las claves para intuir que una vez el caso salte al alto tribunal, será fácil abrir la puerta de la prisión para Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Mundó, Borràs y Bassa.

Es obvio pensar que el magistrado Pablo Llarena aplicará el mismo criterio a la hora de decidir las medidas cautelares y se hace difícil pensar que tenga en diferentes condiciones a todos los acusados que en pocos días pasarán bajo su tutela. Por lo tanto, es muy probable que decida la salida de la prisión de los consellers.

Ahora la jueza tiene que llevar todo el caso al Supremo. Un trámite rápido que no se alargará más de la semana que viene.