Enterrado el último fleco que dejó abierto el juez Joaquín Aguirre, que se jubiló en enero. El Tribunal Supremo ha confirmado que archiva las actuaciones sobre la presunta injerencia rusa en el procés y cierra una de las persecuciones contra el independentismo que más peso ha tenido en los últimos meses. Fue en julio cuando el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona rechazó aplicar la amnistía a Artur Mas y Carles Puigdemont, a quienes imputaba los delitos de malversación y traición, y elevó los supuestos indicios contra el líder de Junts y contra el diputado Francesc de Dalmases al Supremo porque son aforados. Esto abría la puerta a que el Alto Tribunal asumiera la investigación, pero el Supremo ha mantenido la línea de lo que decidió la Audiencia de Barcelona en diciembre y ha cerrado la puerta a ello. Hace tres meses, la Audiencia de Barcelona enterró la causa, reprochó al juez Aguirre que lo hubiera desobedecido y le recordó que medio año antes le había ordenado que cerrara la investigación y que enviara el caso a juicio o lo archivara. Ahora bien, el magistrado creó una pieza nueva, en la que incluyó nuevos a investigados, como los presidentes catalanes, y les denegó la amnistía. Ahora todo ha quedado en nada.
En un breve auto de seis páginas, el Supremo se limita a compartir los argumentos que defendió la Fiscalía y a remitirse al auto de la Audiencia Provincial. “Ha resuelto la apelación acordándose, por razones que no interesan ahora, la nulidad del auto de 21 de junio de 2024, dejando sin efecto todas las decisiones del instructor y, entre ellas, la formación de una pieza separada y la elevación de la exposición razonada que se remitió a esta Sala”, señala la resolución. Asimismo, la Sala de lo Penal del Supremo apunta que “carece de jurisdicción para supervisar o controlar la corrección de esa decisión que ha sido adoptada por el órgano judicial con competencia funcional para conocer de los recursos contra todas las decisiones recurribles del instructor y que ha adquirido firmeza”. “Ni se ha interpuesto recurso contra tal resolución, ni cabría, en principio, recurso de casación contra ella”, añade.
Así pues, “como consecuencia” de la decisión de la Audiencia de Barcelona, “se ha privado de eficacia a la resolución en virtud de la cual se elevó la exposición y se incoaron estas actuaciones”. “Constatado esto, la única salida procesal correcta es archivar sin más las actuaciones”, esgrime el Supremo. “No nos corresponde, sin un cauce procesal legítimo abierto, analizar ni el fondo de la exposición que ha sido despojada de eficacia, ni la corrección de la decisión adoptada con plena jurisdicción por la Audiencia de Barcelona. Solo respetar escrupulosamente esas decisiones jurisdiccionales que, a tenor de las normas procesales, no estamos llamados a evaluar”, concluye el auto para justificar su decisión. Además de los presidents Mas y Puigdemont, el juez Aguirre incluyó en la nueva investigación a Josep Lluís Alay (el director de la oficina de Puigdemont), Gonzalo Boye (el abogado de Puigdemont), Elsa Artadi (exconsellera de la Presidència de la Generalitat) y el periodista Carles Porta, así como Víctor Terradellas, Jordi Sardá, Zeus Borrell, Natàlia B., Miquel Casals y Aleksander Dimitrenko.
La Audiencia de Barcelona acusó al juez Aguirre de una “irregular maniobra procesal”
El Supremo cierra definitivamente la causa a raíz de la decisión que tomó la Audiencia de Barcelona el pasado mes de diciembre. En el auto, el tribunal reprochó al juez Joaquín Aguirre que hubiese hecho una “irregular maniobra procesal” que supuso de facto un “incumplimiento de los acuerdos” que había tomado la Audiencia Nacional en su “función revisora en la segunda instancia de las resoluciones del instructor” para dar respuesta a la “petición de tutela judicial efectiva efectuada por las partes a través de los recursos”. Las defensas de los acusados acusaron al magistrado de “fraude de ley” y la Audiencia de Barcelona les dio la razón. El tribunal concluyó que la resolución del juez Aguirre era un “claro y flagrante” incumplimiento de lo acordado por la Audiencia de Barcelona.
El tribunal le ordenó que cerrara la investigación del caso Volhov o pieza 2 hasta el 1 de agosto de 2023 porque no se habían realizado nuevas investigaciones. Ahora bien, el magistrado aprovechó otra pieza del caso Diputación (la causa madre), la de Catmon-Igman, para continuar la investigación del caso Volhov, con un nuevo nombre: injerencia rusa en el independentismo catalán. “Sorprende, pues, que ahora, utilizando un subterfugio procesal, el instructor obvie las claras instrucciones impartidas por esta Sección 21 [de la Audiencia de Barcelona] y traslade parte de los hechos que se investigaban en la pieza separada 2 a una nueva pieza separada Catmon e Igman con la excusa de que en esta se obtuvieron los teléfonos confiscados al investigado Víctor Terradellas, cuyo contenido fue objeto de análisis por la policía judicial y dio lugar a la pieza separada 2”, argüía la resolución.
Fue un auto muy duro contra el juez Aguirre: “Más allá de las consideraciones generales abocadas por el instructor en la resolución sobre la guerra híbrida y la injerencia rusa, divagaciones sobre cuestiones políticas y filosóficas, así como la exposición de datos biográficos de algunos investigados, todo ello salpicado de opiniones puramente personales del instructor y su propia visión sobre la evolución histórica del denominado procés, hay carencia de relevancia a los efectos jurídicos penales que aquí interesan”, concluía.