Laura Borràs estaba siendo investigada por el Tribunal Supremo porque era diputada en el Congreso de los Diputados. Desde la semana pasada, cuando renunció al acta para convertirse en diputada en el Parlament (y presidenta de la cámara), su situación ha cambiado. En este contexto, el alto tribunal ya ha iniciado el procedimiento para trasladar la causa a Catalunya, en este caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Esta misma semana se ha producido el relevo de Borràs en las Cortes españolas, con la toma de posesión de Pilar Calvo.
Así, según confirman fuentes judiciales a ElNacional.cat, el magistrado instructor del Supremo, Eduardo de Porres, ha enviado un oficio al Congreso de los Diputados "para confirmar oficialmente que Borràs ya ha perdido el aforamiento y que ya no es diputada nacional". El juez está a la espera de la respuesta de la cámara baja, un simple trámite de certificación. Cuando el Congreso responda, apuntan las mismas fuentes, el magistrado dictará un auto de inhibición. Descartan que esto suceda esta semana, pero tampoco tardará mucho. A pesar de todo, cuando se producen estos cambios, los servicios jurídicos del Congreso ya informan a la autoridad judicial de los diputados que pierden el aforamiento y los que lo adquieren.
La investigación de Laura Borràs hace referencia a su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) por una supuesta fragmentación de contratos para beneficiar a un empresario amigo, y todavía se encuentra en fase de instrucción. El pasado 22 de julio, Laura Borràs ya compareció en el Tribunal Supremo, donde fue citada, y se negó a declarar.
Derechos "vulnerados"
Aquel día, desde el Tribunal Supremo, la entonces portavoz de JxCat en Madrid ya denunció una persecución política. "He visto todos mis derechos vulnerados desde el primer momento", lamentó a la salida, un mensaje que también repitió dentro del tribunal. "Me veo aquí obligada a defender mi inocencia cuando en realidad quien me está llevando a este tribunal ni siquiera ha presentado las evidencias periciales que permitan demostrar mi culpabilidad", criticó.
Borràs aseguró entonces que "colaborará con la justicia", pero que lo que no hará nunca es "colaborar con la injusticia". Así lo trasladó también ante el juez instructor, Eduardo de Porres. "Los estados de derecho se tendrían que fundamentar en el derecho", defendió. "Cuando no hay pruebas, hay lawfare", añadió.