“Con un elevado grado de verosimilitud, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación del fiscal general del Estado en esa filtración: fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales”. El Tribunal Supremo da un paso más en la causa contra el fiscal general del Estado. El juez que está investigando a Álvaro García Ortiz por supuesta revelación de secretos en el caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha decidido citarlo a declarar como investigado el próximo 29 de enero. Además, cita a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también está investigada, el 30 de enero. El magistrado Ángel Hurtado considera “apuntalada la presunta participación de los dos en los hechos delictivos objeto de la presente causa después de las diligencias desarrolladas, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”. Asimismo, el juez extiende la condición de investigado (como pidió Alberto González Amador) al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y lo cita el 5 de febrero. Sostiene que, de “manera coordinada” con Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, se podría haber “concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”.
“Lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado [el fiscal general del Estado] en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”, esgrime el juez Ángel Hurtado. Y añade que el “trasiego del intercambio de mensajes” que se produjo el 13 de marzo (que llevaron a que reciba a su “Gmail particular” el correo del 2 de febrero entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto), los “pasos que da antes” para hacerse con él, “reveladores de momentos de urgencia y gran tensión y que tienen lugar bajo su batuta”, y su “intervención en la elaboración de la nota de prensa en la mañana del día 14”, es lo “suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.
“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero, que no había sido remitido a la Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe”, relata el auto. Además, el juez no se cree el testigo de dos periodistas (de la Cadena SER y de elDiario.es) que la semana pasada aseguraron en sede judicial que tuvieron conocimiento del correo del 2 de febrero antes de que lo recibiera el fiscal general del Estado: “Se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y que contrastan con otro de los testimonios prestados, que niega que así hubiera sido. Mientras que los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado”. Asimismo, el instructor recuerda que el informe de la UCO apuntaba a una “participación preeminente” del fiscal general del Estado en los hechos que “derivaron en la filtración investigada”.
📝 La UCO ve una “participación preeminente” del fiscal del Estado en la filtración sobre la pareja de Ayuso
El papel de Pilar Rodríguez y Diego Villafañe
¿Y sobre los otros dos investigados? En el caso de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el juez arguye que los “elementos suficientes para mantener su imputación” son “ponerse a disposición de Álvaro García Ortiz, ser la persona que facilita a Diego Villafañe el expediente de Alberto González Amador, que acaba filtrándose el día 12 de marzo a elDiario.es, y prestarse a hacer llegar el correo de 2 de febrero a la Fiscalía General del Estado, conocedora de la finalidad que se perseguía con ello”. Sobre Diego Villafañe, el juez indica que cabe presumir que tiene un “papel de relevancia, si se quiere menor”, desde el momento que, como “persona de confianza” de Álvaro García Ortiz, está en “contacto con la fiscal Pilar Rodríguez, a quien pide que le remita la denuncia, expediente administrativo y demás documentación relativa a Alberto González Amador que se filtraría a elDiario.es el día 12 de marzo”.
Los informes de la UCO han aportado una “información de peso” con “elementos indiciarios” que no se pueden “ignorar”
Particularmente, el auto del juez destaca que los informes de la UCO han aportado una “información de peso” que, en el momento procesal actual, no se puede “ignorar”, dado que son unas “diligencias que aportan elementos indiciarios, elaboradas desde un organismo oficial del Estado, realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso”. Y en este punto Ángel Hurtado incluye una férrea defensa de la actuación de la Guardia Civil. “Conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del Ministerio Fiscal en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias”, justifica. Y sostiene que la UCO está integrada por “especialistas sobre cuya cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas” y subraya que no se tendría que “poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales, cuya reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente”.
“Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino a la Presidencia del Gobierno, circuló a El Plural”
Finalmente, el juez habla sobre la intervención de la Moncloa. “Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino a la Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero, y de ahí al medio de comunicación El Plural.com”, relata. Fue el primer sitio donde apareció publicado íntegramente el documento del correo que el abogado de Alberto González Amador envió al fiscal Julián Salto. “Llegado a la Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría en el pleno de la Asamblea de Madrid”, prosigue el auto. Y menciona las “dudas” que planteó el entonces líder del PSOE de Madrid. «Parece que me lo ha dado la Fiscalía», contestó a través de WhatsApp. “Desde la Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en ElPlural.com del correo, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia”, remacha el auto.