El Tribunal Supremo sigue investigando el origen de la filtración de la información sobre la causa de fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez que está instruyendo la causa contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos ha citado como testigos al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, y a ocho periodistas. Como declararán en calidad de testimonios, tendrán la obligación de decir la verdad. Accede así a una petición de los investigados: el fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El magistrado Ángel Luis Hurtado convoca a Miguel Ángel Rodríguez el miércoles 8 de enero y a los periodistas, entre ese día y el siguiente. Asimismo, el jueves 10 de diciembre tomará declaración como testigo al fiscal Salvador Viada, que vio al fiscal del Estado con su número dos mirando el móvil el día que la Guardia Civil registró su despacho.

En concreto, los ocho periodistas que tendrán que declarar como testigos son Esteban Urreiztieta (El Mundo), Alfonso Pérez Medina (La Sexta), Miguel Ángel Campos (Cadena SER), Marcos Pinheiro (elDiario.es), Jose Precedo (elDiario.es), Cynthia Coiduras (El Plural), Olivia Moya González (Libertad Digital) y el redactor de la noticia publicada a las 23 horas el 13 de marzo o al redactor jefe de VozPópuli. Es probable es que los ocho periodistas se amparen en el derecho al secreto profesional para no revelar sus fuentes. Además, el juez también requiere a La Sexta una copia de la noticia publicada a las 22.10 horas del 13 de marzo y a El Mundo la noticia publicada a las 21.29 horas del mismo día. Ambas peticiones también eran de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez.

Por otro lado, el magistrado acepta la solicitud de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que está personada como acusación popular, de dirigir un oficio a la fiscal jefe de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para saber si ha abierto algún tipo de expediente disciplinario, diligencias informativas o de cualquier otro género sobre los hechos que está investigando. En caso de que así fuera, le pide que indique con qué fecha se hizo, qué tipo de diligencias y su resultado.

 

“No existe ninguna cámara de seguridad instalada en ese patio central”

Finalmente, el auto reconoce que la petición que hizo la semana a la Fiscalía General del Estado, a raíz de un escrito de la APIF, de que conservara las imágenes de seguridad de un salón de la sede del Ministerio Fiscal ha sido “inviable”: el Ministerio Fiscal ha contestado que “no existe ninguna cámara de seguridad instalada en ese patio central”. En su escrito original, la APIF sostuvo que, “mientras la UCO llevaba a cabo sus indagaciones”, Salvador Viada (fiscal del Supremo y portavoz del APIF) observó a la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal general del Estado “revisando un móvil aparentemente perteneciente al investigado”. La teniente fiscal del Supremo es la número dos de Álvaro García Ortiz y, al mismo tiempo, es la encargada de llevar el caso de que se está instruyendo en el Supremo. Ante la imposibilidad de revisar las cámaras de seguridad, que son inexistentes, el juez ahora acepta tomar declaración como testigo al fiscal Salvador Viada: será el martes 10 de diciembre.