El Tribunal Supremo se alinea por completo con Pablo Llarena y defiende, por completo, su actuación. El magistrado que tiene en las manos la orden de detención contra Carles Puigdemont y la aplicación completa y llena de la ley de amnistía tiene todavía pendiente de resolver el recurso de reforma que presentó Gonzalo Boye contra la decisión de no amnistiar la malversación del 1-O. Ahora, fuentes del Alto Tribunal adelantan que la decisión será la próxima semana y, como mucho, la semana siguiente. Por lo tanto, Pablo Llarena tendría que pronunciarse antes del 21 de septiembre. A pesar de eso, esta es una cuestión que urge, que viene de lejos y que ha levantado las críticas de Junts, acusando al juez de retrasar voluntariamente la resolución del recurso. Ante esto, la respuesta del Supremo es clara: es una “infamia” acusar a Llarena de estar paralizando el recurso de Puigdemont. “Es ridículo pensar que se está retrasando para dilatar la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional”, apuntan las mismas voces. “No hay ningún retraso”, concluyen. Vamos paso a paso.
🔎 Puigdemont inflige a Llarena una derrota en ‘casa’ en medio del camino hacia la plena amnistía
Nos tenemos que remontar al 1 de julio, cuando el juez Llarena denegó la amnistía a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig por la malversación del 1-O y mantuvo plenamente en vigor sus órdenes españolas de detención. Además, dio tres días a las partes para presentar un recurso de reforma contra su decisión. La respuesta del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, fue reprochar al magistrado del Supremo había hecho una interpretación “absurda, arbitraria, ilógica e irracional” de la amnistía. Pero no fue hasta el 29 de julio, 21 días más tarde, que Llarena dio traslado a las partes y les dio dos días para que se pronunciaran. El plazo concluía el 31 de julio y, como el mes de agosto es inhábil judicialmente (según el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), Llarena ha podido esperar a septiembre para pronunciarse sobre esta cuestión. Mientras tanto, la cuestión ha quedado congelada.
Delante de eso, a mediados de agosto, Carles Puigdemont presentó una denuncia al CGPJ contra Llarena por el “retraso injustificado y reiterado” de su recurso. La denuncia señalaba que el juez “ha incumplido reiteradamente” el plazo legal previsto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la resolución de recursos de reforma y apuntaba que la “inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales” puede tener una “respuesta disciplinaria”. Políticamente, Junts también ha subido la voz. El martes, Jordi Turull volvió a condicionar el apoyo de los juntaires al Gobierno al hecho de que la Fiscalía se querelle contra el Supremo por la no aplicación de la amnistía. “El PSOE podría ser más activo contra los jueces que pueden prevaricar sabiendo que se tiene que aplicar la amnistía y no lo ha aplicado”, aseguró el secretario general de Junts en TV3. “La Fiscalía tiene que actuar”, reclamó Turull, que señaló directamente a los jueces del Supremo por “retrasar la acción judicial”. Ante esta petición, fuentes del Supremo expresan que les “sabe mal” que se pueda presentar una querella porque alegan que el razonamiento “no es correcto”.
Pablo Llarena no tiene prisa para cursar una nueva euroorden
Más allá de la aplicación de la amnistía, Pablo Llarena no se plantea cursar una nueva euroorden de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig a corto plazo. Así lo aseguran otras fuentes del Tribunal Supremo, que esgrimen que para dar el paso, en caso de que se decida, hay que esperar que haya una decisión judicial “sólido y estable” sobre la no aplicación de la amnistía. Eso quiere decir que hay que esperar primero que Llarena resuelva el recurso de reforma que presentaron contra su decisión de no amnistiar la malversación atribuida al 1-O y después que la Sala de lo Penal rechace el presumible recurso de apelación.
Y es que una vez el magistrado instructor, nuevamente, haya cerrado la puerta a amnistiar Puigdemont, su defensa, encabezada por Gonzalo Boye, tendrá que presentar un recurso de apelación contra esta decisión. El encargado de resolverlo será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cuando la sala presidida por Manuela Marchena tome una decisión, que, después de decidir no amnistiar Oriol Junqueras y el resto de exconsellers por los mismos motivos, irá en la misma dirección, se abrirá la puerta para que Puigdemont pueda presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Y será en aquel momento, con la decisión firme en el Supremo, cuando Pablo Llarena se podría plantear emitir una nueva euroorden contra el presidente en el exilio. No cierra la puerta, pero no lo confirma. Fuentes del Supremo señalan que este ha sido el procedimiento que se ha seguido en otras ocasiones cuando estaba pendiente de decisiones (por ejemplo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) e insisten que el magistrado dará el paso cuando pueda sacar una “rentabilidad”.