El Tribunal Supremo mete presión al Gobierno de Pedro Sánchez y le da diez días para hacerse cargo de los casi mil menores migrantes no acompañados que han pedido asilo y esperan en Canarias. La sala del Contencioso-Administrativo ha aceptado la medida cautelar que pedía el gobierno canario de Fernando Clavijo para que el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional dé una salida a los menores, que actualmente se encuentran atendidos por los servicios sociales canarios. Los magistrados han valorado las respectivas competencias y concluyen que la acogida corresponde a la Secretaria de Estado de Migraciones, de acuerdo con el auto publicado este miércoles al que ha tenido acceso El Nacional. El alto tribunal español valora que esta acogida es urgente para corregir la actual situación de hacinamiento en la que se encuentran, por lo que el plazo de diez días es "improrrogable".

Asimismo, el tribunal recuerda al Gobierno que tanto la Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria, como el Real Decreto 220/2022 que regula el sistema de acogida, recogen el derecho de estos menores a "recibir prestaciones sociales específicas" que abarcan "los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad". El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su parte, se había opuesto a la medida cautelar que pedía Canarias, alegando a través de la Abogacía del Estado que la competencia de acogida era de la autonomía canaria. Ahora bien, el Supremo reprocha al Gobierno que no haya puesto a disposición los efectivos del sistema estatal de acogida a pesar de que los menores "tienen pleno derecho" a él y que la situación en la cual se encuentran hacinados en Canarias lo hace "imprescindible".

De todas formas, el reparto para la acogida estaba encaminado. El Consejo de Ministros aprobó el martes de la semana pasada un real decreto ley que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para automatizar a partir de ahora el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. A partir de ahora, cualquier reparto tendrá que ser aprobado a partir de ahora de forma unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, compuesta por el Gobierno y por representantes de cada una de las autonomías. Se ha establecido un criterio de reparto que tienen en cuenta aspectos del lugar de acogida como su población, su renta per cápita, la tasa de paro y el esfuerzo anterior para acoger.

Después de un largo debate de meses por cómo se gestionaba la acogida, con la oposición del PP a pactar la reforma de la ley de extranjería y la posterior ruptura entre los populares y Vox en todas las comunidades por la negativa de los de Santiago Abascal a acoger a los menores, la semana pasada se consiguió este acuerdo entre Junts y el Gobierno para el decreto. El punto fundamental era que se tenga en cuenta el esfuerzo previo realizado por cada territorio, puesto que Catalunya es la comunidad que más ha acogido, con 5.149 menores a su cargo, por lo que los de Carles Puigdemont pactaron que este reparto tenga en cuenta ese esfuerzo previo y tan solo lleguen unos 20 o 30 de los que esperan en Canarias y así evitar la saturación del sistema de acogida catalán.