Sin prisa. El Tribunal Supremo ha tomado este jueves dos decisiones en torno a Víctor de Aldama: ha incorporado a la causa todos los documentos que ha aportado y ha rechazado, por ahora, el volcado de su móvil. En este sentido, el juez Leopoldo Puente considera que “en este momento” no es necesario requerir al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional el volcado del teléfono móvil del empresario, comisionista del caso Koldo y expresidente del Zamora CF, y su remisión al instructor. Eso sí, abre la puerta a pedirlo en el futuro en función de una fecha: el lunes 16 de diciembre, que es cuando Aldama está citado a declarar como investigado. Así que el magistrado descarta, a día de hoy, inspeccionar su móvil “sin perjuicio de lo que en su procedimiento pudiera resolverse y de aclarar, en la declaración del investigado, en qué concretos aspectos lo considera relevante para los hechos que aquí se investigan”.
Es necesario “acceder al terminal del teléfono intervenido”
Justo ayer, Víctor de Aldama solicitó al juez del Supremo que analizase el contenido del teléfono móvil incautado por el juez Santiago Pedraz en la causa sobre la presunta trama de hidrocarburos para demostrar sus presuntos contactos con “altos cargos del Gobierno”. El empresario aseguró que toda la información relativa a sus relaciones con José Luis Ábalos y otros investigados están en un teléfono móvil que está en manos de la Guardia Civil y que contiene pruebas clave sobre algunas de las acusaciones que ha hecho en las últimas semanas. “En todos los contactos a los que hemos hecho referencia, se contienen comunicaciones a través de WhatsApp, relevantes para la presente causa especial y que corroborarán muchos de los extremos relatados en su declaración”, esgrimía el escrito de su abogado. “Para acreditar las múltiples conversaciones que se contienen con altos cargos del Gobierno” es imprescindible “acceder al terminal del teléfono intervenido”, concluía.
El escrito incluía pantallazos de los contactos guardados en su teléfono móvil. Estaban Ángel Víctor Torres (entonces presidente de las Islas Canarias y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática), de Teresa Ribera (en ese momento ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), de Carlos Moreno (jefe de gabinete de María Jesús Montero), de Juan Manuel Serrano Quintana (ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos) y de Isabel Pardo de Vera (ex presidenta de ADIF).
Documentos sobre comisiones a José Luis Ábalos por obras en autovías
Por otro lado, Víctor de Aldama aportó ayer al Supremo documentación en la que identificaba una decena de grandes obras en autovías adjudicadas por el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Entre otras cosas, afirmaba que pactó con él darle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid valorado en 1,9 millones de euros como “garantía” de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos “preadjudicados” de obra pública. En el mismo documento, al que tuvo acceso ElNacional.cat, señalaba que Carlos Moreno le pidió que le facilitara “oportunidades de inmuebles” y que, a raíz de eso, el empresario le solicitó un favor para aplazar un embargo a una de sus sociedades, algo que se acabó concediendo. Aldama también asegura que tiene constancia de que “determinadas constructoras suscribieron contratos de consultoría para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España, con Víctor Ábalos”, el hijo de José Luis Ábalos.