María Jesús Montero no reveló “ningún dato personal y reservado” de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en unas declaraciones a los medios de comunicación que hizo el 12 de marzo. Es la conclusión a la que ha llegado la Sala Penal del Tribunal Supremo, que ha decidido inadmitir a trámite las querellas por delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos que presentaron la Asociación Liberum y la Fundación Foro Libertad y Alternativa. El Supremo coincide con la posición de la Fiscalía, que también se opuso a aceptar las querellas.

«Evidentemente, requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si, como se ha publicado en medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país», afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en los pasillos del Senado. Los querellantes consideraron que estas declaraciones implicaban que María Jesús Montero había accedido sin autorización y se había apoderado de datos personales y reservados de Alberto González Amador que se encontraban en ficheros o registros públicos o que alguien que había accedido sin autorización se los había facilitado. Así, denunciaban que la ministra de Hacienda había tenido acceso a estos datos “prevaliéndose” de su cargo y habría usado dichos datos públicamente con “fines políticos” y con “conocimiento de su origen ilícito”.

Lejos de estos argumentos, el Tribunal Supremo entiende que los hechos recogidos en las querellas “no revisten los caracteres de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos”. Argumenta que la noticia relacionada con la actuación de González Amador ante la Agencia Tributaria “ya había saltado a los medios de comunicación desde primeras horas de la mañana” y señala que elDiario.es publicó la noticia el mismo día 12 de marzo a las seis de la mañana. “En ella ya se daba cuenta de que González Amador había sido objeto de denuncia por la Fiscalía de Madrid por presunto fraude fiscal valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla”, añaden.

 

La información “había trascendido a terceros y se había hecho pública”

De esta forma, el Alto Tribunal concluye que cuando María Jesús Montero habló en los pasillos del Senado, la denuncia de Fiscalía y su contenido “ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos”, por lo que “no pudo revelar ningún dato o información que debieran permanecer secretos”. Asimismo, apunta que del contenido de las manifestaciones “tampoco aparece que las declaraciones realizadas se refirieran a datos o informaciones de los que tuviere conocimiento por razón de su cargo”. “No reveló ningún dato personal y reservado de González Amador. Se limitó a dar su opinión sobre lo que, a su juicio, debería hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid ante las noticias difundidas en relación con su pareja”, remacha el auto.