Demanda tumbada. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado desestimar y archivar la querella interpuesta por el Partido Popular contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque no aprecia indicios de delito en su propuesta de ascenso para Dolores Delgado, su predecesora y ahora fiscal de la Sala de lo Militar en el Supremo. El órgano judicial concluye que no existe un delito de prevaricación administrativa ni de nombramiento ilegal, como se denunciaba a la querella.
Según el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, este nombramiento tenía como objetivo "pagar una deuda de gratitud" y propiciar así que Delgado se incorporara a la carrera a la máxima categoría, un nombramiento en que, argumenta el PP, García Ortiz tuvo un "carácter decisivo". Así, el PP presentó una querella en que recogía que no hay "ninguna duda" que García Ortiz sabía que no contaba con el apoyo legal cuando propuso Dolores Delgado para el cargo, alegando que la proposición del fiscal fue "arbitraria" e "injusta", y se hizo "sin esfuerzo argumentativo ni apoyo normativo, basándose en la obstinación personal". El texto también señalaba que la propuesta "causaba un perjuicio a la función pública al atentar contra los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Ahora, sin embargo, la sala del Tribunal Supremo concluye que "la querella presentada no revela ningún indicio de criminalidad que justifique la apertura de un proceso penal". El acto recuerda que el fiscal general "no dictó ninguna resolución" para la promoción de Delgado, sino que "hizo una propuesta". El delito de prevaricación exige que se dicte una resolución administrativa que sea ilegal, que ocasione un resultado materialmente injusto y que se dicte con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. Eso, según el Supremo, no se dio en este caso.
El precedente de noviembre
El mismo Tribunal Supremo anuló el pasado mes de noviembre el ascenso de Dolores Delgado, al considerar que hubo "desviación de poder" por parte de su sucesor en la promoción a fiscal de Sala a la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado. Más concretamente, la sentencia del Supremo consideraba acreditado que la finalidad que buscaba García Ortiz era la promoción de Delgado a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una falta de la legislación en vigor. En esta ocasión, sin embargo, el órgano judicial ha dado la razón a García Ortiz y desestimado el argumento del Partido Popular.