El Tribunal Supremo duda a dónde trasladar los restos de Francisco Franco en caso de avalar la exhumación planteada por el gobierno de Pedro Sánchez, dado que no existen precedentes de reinhumación que ilustren a la Sala y, por tanto, afronta un debate jurídico que se antoja "muy complejo".
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo resolverá definitivamente esta cuestión el próximo 24 de septiembre a partir de las 10 horas, cuando dé comienzo la deliberación y fallo del recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del consejo de Ministros del 15 de marzo que fijaba para el 10 de junio la exhumación, paralizada por la Sala hasta que hubiera sentencia.
Fuentes jurídicas aseguran a EFE que el principal escollo gira en torno a si el Gobierno puede decidir dónde reubicar el cadáver de Franco y, sobre todo, si puede hacerlo en contra de la opinión de la familia del dictador.
Catedral de la Almudena de Madrid / Europa Press
El Ejecutivo quiere que los restos se reinhumen en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y alude a motivos de seguridad para oponerse al deseo de los nietos del dictador de hacerlo en la cripta de la catedral de la Almudena, donde su hija, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos.
Aunque para llegar a ese punto, la Sala tendría antes que dar el visto bueno a la exhumación de los restos de Franco de la basílica de Cuelgamuros, un asunto que, no obstante, no genera en el tribunal las mismas dudas que la reinhumación, ya que existe mucha jurisprudencia de exhumaciones. "Lo que ocurre es que de lo otro no hay nada", precisan las fuentes.
"Y eso es jurídicamente muy complejo", añaden las fuentes, que recuerdan que la familia tiene derecho a ser escuchada, como señaló Estrasburgo. El interrogante que se abre es si tiene también derecho a decidir por encima del Gobierno, que puede invocar razones de interés público.
Los Franco ignoran los riesgos de seguridad
Normalmente, en asuntos de derecho mortuorio suelen primar los criterios de salud pública, pero aquí no es el caso, sino que el Ejecutivo acusa a los Franco de ignorar los riesgos de seguridad que entrañaría el enterramiento en la cripta de la Almudena.
La familia presentó una pericial en la que alertaba de que los riesgos de profanación y de actos vandálicos "se dispararían" si fuese enterrado en El Pardo, porque "siempre sería una pareja" de agentes la que tendría que frenar el ataque, mientras que en la Almudena la Policía tendría recursos sobrados para frenar a radicales al ser una zona reducida que podrían controlar "perfectamente".
Pero la Abogacía del Estado reprocha a la familia que no haya tenido en cuenta en ese informe los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o que haya olvidado, por ejemplo, el intento de atentado en 2013 en la Almudena por un grupo de anarquistas.
La unanimidad de la Sala
Otro asunto no menos complicado será mantener la unanimidad que la Sala alcanzó en julio cuando accedió a la petición de la familia de paralizar cautelarmente la exhumación hasta la sentencia.
En el Supremo son conscientes de la importancia de la unanimidad, pero al mismo tiempo reconocen que la hipotética reinhumación puede abrir la puerta a votos discrepantes.
Del mismo modo, entienden que la cuestión a tratar es mediática pero dejan claro que el debate político está al margen y, por tanto, no puede contaminar ni condicionar en absoluto la decisión que responderá a "estrictos criterios jurídicos". El ponente será el magistrado Pablo Lucas.
Por el momento, los magistrados solo se pronunciarán sobre el recurso de los nietos de Franco, pero no respecto de los planteados por la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que dejarán para más adelante y cuyo desenlace vendrá marcado por lo que acontezca el 24 de septiembre.