El diputado del PP, Alberto Casero, será juzgado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Así lo ha decidido el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, que ha acordado procesar a Casero por prevaricación y malversación por cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo entre 2017 y 2018, sin seguir los procedimientos administrativos legales establecidos. En el auto de paso a procedimiento abreviado, el magistrado ha dado diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio formulando su escrito de acusación.
Alberto Casero, que saltó a la fama por su error en la votación por la reforma laboral en el Congreso, empezó a ser investigado por el Supremo, justo hace un año, en marzo de 2022, después el juzgado de Trujillo se inhibiera a favor suyo. Fue entonces, cuando el tribunal repasó en ocho folios, la exposición razonada del juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía en referencia a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018 por Casero, cuando era alcalde de la localidad, con terceros.
Contratos irregulares
La prueba documental y testifical aportada por el juzgado demuestra que existen indicios sólidos de que los actos de contratación gestionados por Casero se hicieron sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para eso, por lo tanto, según su juicio, se comprometió en el pago de varias cantidades sin comunicarlo al ayuntamiento y sin los informes necesarios. Así pues, el juzgado señaló que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo sin informar en el ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.
Además, en septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato con el cual comprometía al ayuntamiento en el pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE. En el mismo año, Casero también habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un acontecimiento organizado por la Asociación Cultural Buen Vivant, en el cual tampoco siguió ningún procedimiento y sin informar a los servicios del ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación, comprometiéndose en la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir ningún procedimiento de contratación.
El escrito recoge dos hechos irregulares más. Por una parte, un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un acontecimiento por importe de 14.303 euros más IVA, una vez más sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, del mismo año, con Radio Interior SL, en este caso, un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, tendría que ser licitada en procedimiento abierto.
Casero pide la suspensión de la militancia
La reacción de Casero ha sido inmediata. El diputado del PP ha solicitado la suspensión de militancia en su partido después de la decisión del Tribunal Supremo, aunque mantendrá su escaño en el Congreso de los Diputados.