Criterios a la carta. La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto hoy en el que ha abierto juicio oral por un delito de desobediencia grave por el 1-O a la exconsellera de Agricultura de la Generalitat y actual diputada por ERC, Meritxell Serret, y ha acordado enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por considerar que es el órgano competente para su enjuiciamiento, al no haberse formulado acusación contra ella por un delito de malversación de caudales públicos. El Supremo mantiene así su criterio, tal como hizo con los miembros de la Mesa del Parlament, juzgados solo por desobediencia en el TSJC, y condenados. Por contra, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue jugada y condenada en el Supremo por el delito de sedición, a 11 años y medio de prisión, y después de tres años encerrada, fue indultada, como el resto de los nueve presos políticos.
En su auto, el Supremo recuerda que el ministerio fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por VOX, solicitaron la confirmación del auto de conclusión del sumario dictado por el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, el 6 de mayo de 2021, y la apertura del juicio oral contra la Serret únicamente por un delito de desobediencia. Ahora, cuando la causa llegue al TSJC, la fiscalia y el resto de las acusaciones han de presentar los escritos de acusación, que en el caso del delito de desobediencia implica inhabilitación a cargo público.
Polémica
Una polémica jurídica, que los políticos catalanes y los líderes sociales juzgados ya han presentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), es que el Supremo asumió la causa contra los líderes independentistas, cuando estos reclamaban ser juzgados por el TSJC, como fija l’Estatut. El alto tribunal español indicó que como había una única factura emitida en el extranjero, la causa era suya.
Serret volvió del exilio el 11 de marzo del 2021, después de la sentencia del Supremo, el 14 de octubre de 2019. Comprobó que los compañeros del Govern que no tenían imputados gastos por el 1-O fueron absueltos de malversación y condenados por desobediencia, a una inhabilitación a cargo público ya cumplida. Son los consellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.
Ahora el TSJC tendrá que fijar una fecha para juzgar la actual diputada de ERC, mientras también tiene pendiente de fijar la fecha del juicio a la segunda Mesa del Parlament por desobediencia al Tribunal Constitucional y de la causa de los actuales diputados republicanos Josep Maria Jové i Lluís Salvadó por el 1-O.