El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la denuncia que el sindicato ultra Manos Limpias había presentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los acuerdos con Junts per Catalunya y ERC y por la tramitación de la ley de amnistía. La Sala de lo Penal del Supremo ha considerado que se trata de un "acuerdo político" y ha concluido que "los hechos denunciados no son constitutivos de delito". La denuncia de Manos Limpias, a la cual también se habían adherido dos asociaciones, acusaba a Sánchez y a otros miembros del ejecutivo español y representantes del PSOE de presuntos delitos de usurpación de funciones, prevaricación administrativa y soborno.
El Supremo descarta que el acuerdo para la amnistía suponga "un fraude de ley"
En concreto, el sindicato argumentaba que el acuerdo para la amnistía suponía un "gran fraude de ley" porque simplemente respondía a "un intercambio de votos para la investidura" de Sánchez. En este sentido, apuntaba que la amnistía implicaba una "usurpación de atribuciones judiciales" porque implicaría desautorizar y deja sin efecto la sentencia del Supremo sobre el Procés, y por lo tanto una vulneración de la separación de poderes. En el auto, el Supremo ha señalado que los pactos de la investidura entre el PSOE y los partidos independentistas no implican la comisión de ningún delito. La Sala de lo Penal señala que los acuerdos se enmarcan en las negociaciones de naturaleza política y que no constituyen tampoco un delito de soborno o de negociaciones prohibidas.
El Supremo también rechaza que exista ninguna usurpación de funciones, ya que el hecho de que un acuerdo de investidura incluya el desarrollo de una ley de forma posterior "no constituye un impedimento para el ejercicio de las funciones judiciales". Manos Limpias incluso había llegado a denunciar como fraude las enmiendas presentadas por algunos diputados en la tramitación parlamentaria, cuestión que la Sala también ha descartado considerar un delito, ya que es una acción que está incluida en el ejercicio de la función legislativa de los diputados.
Aparte de Sánchez, la denuncia iba dirigida contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; y la eurodiputada socialista Iratxe García, como cooperadores necesarios de los delitos denunciados.