El Tribunal Supremo investigará a José Luis Ábalos por el caso Koldo. El alto tribunal toma esta decisión después de concluir, a partir de la información remitida por la Audiencia Nacional, que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE podría estar en el epicentro de la trama corrupta, y que habría podido cometer delitos de "pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, soborno y malversación". Quien ha instruido el caso hasta ahora, el juez Ismael Moreno, había advertido del "papel principal" que habría tenido la exmano derecha de Pedro Sánchez en la trama corrupta de las mascarillas durante la pandemia del coronavirus. Aseguraba que había "indicios fundados y serios" sobre su participación en los hechos.
La Audiencia Nacional no podía imputar a José Luis Ábalos porque no tiene competencias para hacerlo: cuando alguien es diputado en el Congreso tiene condición de aforado, y solo el Tribunal Supremo puede investigarlo. Pero el juez Ismael Moreno ya advertía al alto tribunal en su escrito que, a partir de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, puede deducirse que el exministro habría tenido un papel relevante y se habría beneficiado de esta trama corrupta.
De hecho, en el auto de este jueves, el Supremo destaca que habría habido "compensaciones económicas" para el exministro a cambio de adjudicar compras por parte del Ministerio de Transportes a la empresa de la trama corrupta, Soluciones de Gestión, y que Ábalos habría "disfrutado" de la urbanización 'La Alcaidesa' de Cádiz. Se pone de manifiesto que Koldo García, su asesor, "intervenía activamente en la contratación de material sanitario, gestionaba contratos de adjudicación y realizaba operaciones para ocultar cobros recibidos de la organización y en las que Ábalos intervenía". El alto tribunal también menciona en su escrito que hay "correos electrónicos en los que se menciona la existencia de ofertas más ventajosas que son rechazadas dada el orden existente de contratar a la empresa que había sido designada".
También se destaca que empresas dependientes del Ministerio de Transportes habrían contratado a Jéssica Rodríguez, quien era en aquel momento pareja de Ábalos, y que también habría participado en viajes oficiales con el exministro. Se hace eco, también, que la trama corrupta habría pagado durante tres años el contrato de alquiler de Jéssica en uno de los edificios más altos de la capital española, Torre de Madrid.
El Supremo incorpora el delito de malversación
Con la decisión de este jueves, el Tribunal Supremo se alinea con la Audiencia Nacional, que al mismo tiempo estaba alineada con la Fiscalía. El ministerio público consideraba que de las conclusiones de la Guardia Civil sobre el papel de José Luis Ábalos "se desprenden una serie de indicios que evidencian la participación" del exsecretario de Organización del PSOE en los hechos que se investigan. Anticorrupción también consideraba que el exministro de la importante cartera de Fomento podría haber cometido delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y soborno.
El ministerio público señalaba el "papel principal" que Ábalos habría interpretado en la trama corrupta y también señalaba con los dedos los chalets y los beneficios de los que habría disfrutado su pareja en aquel momento: su contratación en dos empresas públicas y el pago del piso por parte de la trama corrupta. El Supremo, sin embargo, ahora va un poco más allá, porque introduce un nuevo delito que hasta ahora no se había mencionado en los autos sobre Ábalos: el de malversación.