La primavera madrileña amenaza con enturbiarse en el Supremo donde llega un frente de presiones que hace prever tormenta. Las nubes se empezaron a formar el lunes, cuando la reunión de la Junta Electoral Central sirvió para constatar que dos de los miembros del tribunal que juzga el procés forman parte también de este órgano. Las luces de alarma se han disparado de inmediato. Esta misma mañana, el Supremo ha anunciado que los dos jueces no volverán a intervenir en las reuniones de la Junta Electoral que "tenga que ver con el proceso judicial".
La sala que juzga 1-O tuvo que levantar la sesión el lunes al mediodía, a pesar de la acumulación de testigos y las estrecheces del calendario, para que los jueces Luciano Varela y Ana María Ferrer, pudieran ir al Congreso de los diputados a tomar parte en la reunión de la Junta Electoral. Del Supremo al Congreso de los diputados hay un tranquilo paseo de un cuarto de hora, calle del Barquillo abajo, o más tranquilo aún, por Recoletos. Sin embargo, en medio de un proceso con aroma político, este kilómetro y medio de recorrido puede adquirir la dimensión de un salto al vacío.
Para acabarlo de arreglar, en aquella reunión se abordó ni más ni menos que la denuncia de Ciutadanos contra la presencia de lazos amarillos en edificios públicos dependientes de la Generalitat. A pesar de que el Supremo asegura que los dos jueces del procés se abstuvieron, la Junta Electoral acabó pronunciándose en contra de estos símbolos y ordenando al president, Quim Torra, la retirada de lazos amarillos y esteladas. El president ha dado a entender que no los retirará, lo cual le podría hacer incurrir en un delito de desacato.
El episodio de los lazos, más allá de su propia polémica, ya ha puesto en marcha un runrún de malestar entre observadores y juristas, que consideran que compromete la imparcialidad de los jueces y revela un claro prejuicio ideológico contra los acusados.
Ante la revelación de que Magistrados del Tribunal Supremo son también miembros de la Junta Electoral, las defensas tienen una gran oportunidad de denunciar esta flagrante falta de una mínima imparcialidad respecto de Catalunya.
— Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (@OSPDH1) 12 de marzo de 2019
#1O Dos magistrados de la Sala que juzga a los líderes catalanes son miembros de la Junta Electoral Central.
— Joan Queralt (@JoanQueralt) 12 de marzo de 2019
El lunes el TS suspendió la vista por una reunión de esa Junta.
En esa sesión ha prohibido la estelada y lazos amarillos en edificios de la GENCAT.
De momento, los toques de atención han llegado de fuera del Supremo, pero en los pasillos del tribunal, a pesar de recordar que Marchena cortó el debate de raíz cuando Vox protestó por la presencia de lazos en la sala, sí se admite que estos paseos de dos de los jueces entre el Congreso y el Supremo podrían acabar comprometiendo al tribunal en la medida que muchos de los acusados son candidatos a las elecciones de los próximos meses.
En el banquillo de los acusados se sientan cuatro futuros candidatos a las elecciones en el Congreso (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) y uno en el Senado (Raül Romeva), aparte de la candidatura de Quim Forn en Barcelona y la del mismo Junqueras en el Parlamento Europeo. Todo ello, por no hablar de la candidatura del presidente al exilio, Carles Puigdemont, en la Eurocámara, que ya hoy ha obligado al Supremo a pronunciarse.
Es previsible que tanto el Supremo como la Junta Electoral se tendrán que pronunciar repetidamente en los próximos días ante las peticiones de los acusados en prisión preventiva para participar en mítines, actos electorales y debates. Además de hacer correr ríos de tinta sobre la candidatura de Puigdemont que, según explicaba el presidente a Rac1, podría otorgarle inmunidad en toda Europa en caso de conseguir el escaño. Hoy mismo, el Supremo ha tenido que esquivar las preguntas al respecto, con un "nada que decir".
Esto obligaría a los dos jueces del Supremo a estar en ambos ámbitos en constante colisión, por lo cual algunas voces advierten que en caso de compaginar los dos papeles sí podrían "contaminar" el proceso dado que la Junta Electoral está formada por ocho magistrados del Supremo designados por el CGPJ pero también por cinco catedráticos en derecho o ciencias políticas designados por los partidos políticos del Congreso. Los debates que allí se suscitarán desbordan, por tanto, el ámbito puramente legal.
Desde el Supremo se ha querido cortar de raíz la polémica. Se ha asegurado que los dos jueces se abstuvieron en la votación del lunes sobre los lazos amarillos y que no participarán en ningún otro debate que afecta al proceso judicial.
La tormenta apenas empieza a formarse sobre el Supremo, aunque el sol sigue brillando y la sala de plenos continúa con las ventanas cerradas.