El Tribunal Supremo juzgará a Joan Josep Nuet, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, el 24 y 25 de marzo por un presunto delito de desobediencia reiterada. Su caso se remonta en el 2017 cuando era secretario tercero de la mesa del Parlament por la amalgama tradu Catalunya Sí Que es Pot, partido político del cual se desvinculó en 2019 para sumarse en las filas de los republicanos,
Nuet ha recibido este jueves la citación del Supremo, según ha anunciado en Twitter. "La fiscalía y la abogacía del Estado me acusan de desobediencia reiterada y piden mi inhabilitación y multa, la acusación particular incluso prisión", ha señalado el diputado.
Resoluciones a favor de la independencia
El Tribunal Supremo lo juzgará por haber facilitado resoluciones a favor de la independencia. Ante el juicio, Nuet ha asegurado de que su "ánimo es firme" a la vez que ha añadido: "La lucha por la libertad, larga", ha indicado.
Se da el caso de que sus compañeros de la mesa en aquel momento ya fueron juzgados el 21,22 y 24 de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Ahora bien, en el caso de Nuet su juicio lo ha asumido el Supremo, ya que, como diputado del Congreso, tiene la condición de aforado.
Con respecto a los otros miembros de la mesa de Parlament, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó y Lluís Corominas, fueron condenados el pasado mes de octubre a veinte meses de inhabilitación especial por cargo electo y a pagar una multa de 30.000 euros por delito de desobediencia.
En concreto, se los penó por los decretos que el Parlament de Catalunya aprobó el 27 de octubre y el 3 de noviembre del 2015. Estos fueron anulados por el Tribunal Constitucional, pero, finalmente, fueron aprobados por esta cámara. En estas resoluciones se afirmaba: "el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república independiente". Por estos mismos hechos también será juzgado Nuet. En el caso de Mireia Boya (CUP), que también formaba parte de esta institución, fue absuelta porque es la única que no fue advertida por el Supremo.
La entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue condenada el 14 de octubre del 2019 a once años y medio de prisión por ser autora de los delitos de sedición y malversación de fondos.