El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella que el abogado Gonzalo Boye y la de 44 abogados de diferentes asociaciones presentaron contra la jueza de la Audiencia Nacional que lo investiga por un delito de blanqueo de capitales. La querella iba dirigida contra la jueza María Tardón, la letrada Ángeles Monedero y el fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga Ignacio Miguel de Lucas a los cuales acusaban de encubrimiento y prevaricación,

Boye, responsable entre otros de la defensa del president en el exilio Carles Puigdemont, aseguraba el pasado mes de abril en un escrito de 140 páginas que tanto la jueza Tardón como el fiscal se han aprovechado de sus cargos para perjudicarlo gravemente en el caso que se está investigado contra él por un delito de falsedad documental y blanqueo de capital procedente del narcotráfico.

Criminaliza la investigación

El Supremo, en una resolución de 6 páginas, ha rechazado admitir a trámite la querella argumentando que "pretende la criminalización de la investigación que se realiza sobre unos hechos en los cuales el querellante aparece como investigado" y pretende una repetición del proceso "situándolo no como investigado sino como víctima".

La resolución del alto tribunal reprocha que para conseguir este objetivo, Boye "califica de prevaricadora y típicas de un delito de encubrimiento actuaciones de instrucción e investigación de hechos delictivos ante los cuales puede actuar, y de hecho actúa, desde su personación, el derecho de defensa, postulando su ejercicio y el control de las diligencias realizadas en el sumario con observancia de las reglas del proceso".

En conclusión, y recogiendo la opinión de la fiscalía, el Supremo inadmite a trámite las querellas acumuladas por no ser constitutivos de delitos los hechos por los cuales se actúa penalmente contra los querellados".

Encubrimiento de asesinato

En su denuncia del 9 de abril, Boye recordaba que el caso contra él se sustenta en la declaración de un testigo, Andrés Puentes, que después de incriminar a Boye fue excarcelado, a pesar de los indicios contra él de un delito de asesinato en Colombia.

El fiscal informó favorablemente sobre la salida de Puentes de la prisión, a pesar de conocer estas circunstancias, sobre las cuales había informado meses atrás. Como resultado de estos hechos, Boye denunciaba que tanto la jueza como el fiscal durante dos años no se habían preocupado de propiciar una investigación por asesinato, por lo cual les acusa de encubrimiento. A la letrada la responsabiliza de haber auxiliado a la jueza y el fiscal para cometer este delito.

Asimismo se acusaba a Tardón de prevaricación por sus resoluciones aceptando la entrada y registro del domicilio particular y profesional de Boye y el levantamiento del secreto del contenido de su móvil y correos electrónicos.

 

En la imagen principal, el abogado Gonzalo Boye / Efe