El juez del Tribunal Supremo que está investigando el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos quiere poder saber qué hacía Álvaro García Ortiz la tarde del día que la Guardia Civil registró su despacho. Con este objetivo, el magistrado Ángel Hurtado ha pedido en la Fiscalía que no borre las imágenes de las cámaras de seguridad entre las seis de la tarde y las ocho menos cuarto de la noche del 30 de octubre, el día que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le confiscó el móvil y el ordenador de trabajo. En concreto, la providencia del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, estipula a la Fiscalía que conserve las imágenes de las cámaras que “enfocan el salón noble ubicado al patio central del edificio” de la sede del Ministerio Público, ubicado en la calle Fortuny, hasta que el juez “acuerde otra cosa”. Por lo tanto, todavía no pide las grabaciones, sino que se asegura de que podrá tener acceso a ellas si en un futuro las quiere consultar. La decisión del magistrado responde a la petición que hizo hace unos días a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares del caso. Fuentes consultadas por ElNacional.cat apuntan que a las seis de la tarde la UCO ya había devuelto el móvil al fiscal del Estado después de haberlo clonado y señalan que en el interior del edificio no hay ninguna cámara de seguridad, sino que las cámaras están en la calle y enfocan a los accesos.

¿Por qué la APIF apuntaba a las cámaras de seguridad? En un escrito presentado el 14 de noviembre, que este medio ha podido consultar, la asociación esgrimía que, “mientras UCO llevaba a cabo sus indagaciones”, Salvador Viada (fiscal del Supremo y portavoz del APIF) observó a la teniente fiscal del Supremo y al fiscal general del Estado “revisando un móvil aparentemente perteneciente al investigado”. La teniente fiscal del Supremo es la número dos de Álvaro García Ortiz y, al mismo tiempo, es la encargada de llevar el caso de que se está instruyendo en el Supremo. La APIF exigía que el Supremo acreditara la “veracidad de este singular e insólito encuentro” y consideraba que era “inconcebible” que la fiscal encargada de la cuestión “se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, más cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario”.

Delante de esto, la APIF pidió al juez que Salvador Viada declare como testigo y que se pidiera a la empresa responsable del servicio de seguridad que aportara las “grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble, entre las 18 horas y las 19.45 horas” y se conservaran las “grabaciones de todo el día por si fueran necesarios”. El escrito sostenía que esta actuación se tenía que ejecutar de “forma inmediata”, dado que las grabaciones se conservan durante un plazo máximo de un mes y a finales de noviembre las imágenes, de “vital importancia” para la causa, dejarán de estar disponibles. El juez ha accedido a parte de su demanda y ha decidido reclamar a la Fiscalía que conserve las grabaciones de la tarde.

Información de investigaciones “sensibles” que el Supremo avala que se analice

Días después del registro, el fiscal general del Estado reunió a los fiscales jefe y los fiscales de sala especializados para explicarles la información que requisó la Guardia Civil. Según pudo saber ElNacional.cat, los dispositivos contenían información de muchas fiscalías que tienen en marcha “investigaciones sensibles” y Álvaro García Ortiz quería explicarles cómo podría afectar a su día a día: podría haber, por ejemplo, información de causas secretas o de investigaciones que no están judicializadas. Todo esto, según las fuentes consultadas por este medio, generó “inquietud” a la Fiscalía, sobre todo por la “desproporción” de una medida “tan drástica”. Posteriormente, el Supremo avaló analizar el material confiscado alegando que no había razones para “dudar de la tarea y celo” de la Guardia Civil. “No niego que entre el material intervenido pueda haber información de otro tipo, que no sea de interés para la investigación”, reconoció Ángel Hurtado. Ahora bien, justificó que eso “no es diferente de lo que suele suceder” con las intervenciones telefónicas y subrayó que el registro y análisis del material confiscado “se practica bajo el secreto de sumario”.

📝 El fiscal del Estado reúne a los fiscales para explicarles la información que incautó la Guardia Civil

 

Una “participación preeminente” en la filtración de la información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso

La decisión del Tribunal Supremo llega dos días después de que trascendiera que la UCO considera que el fiscal general del Estado tuvo una “participación preeminente” en los “hechos que, finalmente, derivaron en la filtración” de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Es una de las conclusiones a las que llegó a raíz del análisis del material en el móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también está siendo investigada. Sobre la filtración del correo entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, el documento de la Guardia Civil, al que tuvo acceso ElNacional.cat, argumentaba que había “tan solo un número muy reducido de personas” que tuvieran “acceso a todos los correos” y que, al mismo tiempo, tuvieran conocimiento “no solo que la Fiscalía estaba elaborando un «comunicado», sino el periodo temporal aproximado en que este se publicará” (cosa que se especificaba en la primera noticia que se publicó).

📝 La UCO ve una “participación preeminente” del fiscal del Estado en la filtración sobre la pareja de Ayuso

 

El informe remachaba la argumentación: “Estas dos circunstancias solo se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración se tiene que iniciar en esta. […] La iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es afirmada por el Fiscal General del Estado, que imparte de manera directa las órdenes”. Asimismo, la UCO concluía que la denuncia por fraude fiscal contra Alberto González Amador fue “filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado” y apareció a los medios de comunicación “antes incluso que el denunciado la recibiera”.