Un nuevo trámite que retrasa la tramitación de los indultos a los presos políticos independentistas. Este lunes, el Tribunal Supremo ha acordado pedir un informe al Tribunal de Cuentas sobre si han satisfecho o no el dinero supuestamente malversado en el referéndum del 1-O. Según informa el alto tribunal, se trata de un requerimiento que fue solicitado por la Abogacía del Estado con respecto a las peticiones de indulto. De hecho, sólo falta la Abogacía del Estado, que cuelga del Gobierno, para que los magistrados emitan su veredicto preceptivo pero no vinculante. Esta petición fue hecha hace tres semanas.
Concretamente, a través de un oficio, la sala segunda presidida por Manuel Marchena ha pedido un informe a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas "sobre las actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos". Piden la remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales "para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros".
La Fiscalía ya ha emitido su informe contrario a los indultos de los presos políticos. Ahora sólo falta la Abogacía del Estado, que estaba personada en la causa por malversación. La sala segunda rechazó el informe que presentó la acusación particular de Vox, también contrario a la gracia.
Las dos vías, congeladas
Hay el compromiso de Sánchez —de momento privado– de liberar a los presos políticos independentistas. Hay dos posibles vías: la de la reforma del delito de sedición en el Código Penal y la de los indultos. Las dos vías están, hoy por hoy, congeladas, a pesar de haber pasado las elecciones catalanas. La reforma de la sedición tendría que haber sido llevada al Consejo de Ministros antes de acabar el año pasado —promesa de Juan Carlos Campo—, hecho que no pasó. Desde entonces, ninguna noticia ni nuevo plazo. Se trata de una reforma mucho más amplia y compleja. La otra vía, la de los indultos, se encuentra atascada por el mismo Gobierno. El Tribunal Supremo está pendiente de la Abogacía del Estado —que cuelga de la Moncloa— para emitir su veredicto. Pero este informe de la Abogacía sigue sin llegar ni tiene previsión por ahora.