La ley de amnistía que el PSOE, Junts y ERC están puliendo para registrar en el Congreso de los Diputados no es de buen gusto para el Tribunal Supremo. De hecho, a los jueces no les gustó nada que el acuerdo entre los socialistas y los juntaires se hiciera referencia a los casos de 'lawfare', aunque en el redactado de la ley que ha adelantado ElNaciona.cat no hay ninguna mención explícita a ello. En este contexto, la Sala de Gobierno del Supremo, reunida este lunes por la mañana, ha aprobado un comunicado en el cual subraya "la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial", a la vez que la considera "incompatible" con "la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".
En un texto que consta de tres puntos y aprobado por unanimidad por la sala formada por el presidente del tribunal, los presidentes de las cinco salas y cinco magistrados más escogidos por los mismos jueces, el Supremo defiende la actuación judicial en relación con el Procés, afirmando que "el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular de la igualdad en la aplicación de la ley." A pesar de no mencionar la amnistía en ningún momento, a los jueces se les entiende todo, porque también recuerdan que el Estado de derecho "exige el respeto absoluto a la división de poderes".
El jueves pasado, la comisión permanente del CGPJ, reunida en asamblea extraordinaria, también hizo público un comunicado para mostrar el "rechazo frontal" ante las "referencias inadmisibles" al lawfare que figuraba en el pacto entre el PSOE y Junts, y ante "la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan responsabilidades derivadas".
Vox se querellará contra Sánchez en el Supremo
Los primeros movimientos en el Supremo se han constatado esta mañana porque Vox ha anunciado que presentará una querella contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el fin de intentar frenar la aprobación de la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas. Vox acusa al líder socialista de la comisión de tres supuestos delitos, si bien no ha concretado cuáles son —eso sí, hace una semana se hizo referencia al delito de soborno para impulsar la medida de gracia a cambio de su investidura. Como medida cautelar, la ultraderecha pedirá en el Supremo "suspender el debate de investidura", previsto para este miércoles y jueves.
En la rueda de prensa en que ha informado sobre los detalles de la estrategia ultra, Abascal ha tildado la sesión que tiene que servir para proclamar presidente a Pedro Sánchez de "investidura golpista", y ha hecho un llamamiento a la Mesa del Congreso para que no dé vía libre a la ley de amnistía por considerarla "inconstitucional". En esta línea, también ha subido el tono, exigiendo al Partido Popular que utilice su mayoría absoluta en el Senado para impedir que la medida sea tramitada en la cámara alta —en caso contrario, Vox se querellará contra el Congreso y el Senado—. "Ni votar a favor ni vetar, es que directamente no se puede tramitar", ha afirmado el líder ultra.